Como estaba previsto, el próximo año rematará la moratoria aprobada en 2016 que dejó sin efecto la normativa que obligaba a los edificios de más de medio siglo a someterse a una nueva inspección técnica. Pues bien, la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, divulgaba ayer el anuncio mediante el que se inicia este procedimiento, que a su vez supone la creación del Rexistro Galego de Informes de Avaliación da Edificación (Regiae), en el que serán inscritas todas las memorias redactadas en la comunidad autónoma.
Teniendo en cuenta de que los afectados deberán presentar la documentación de las inspecciones obligatorias en 2021, serán susceptibles de someterse a esta inspección técnica -más exigente que la anterior y de aplicación para todos los concellos, no solo los de más de 25.000 habitantes- aquellos edificios, que no viviendas, construidos antes de 1970. Así, según los datos públicos de la Dirección General de Catastro, en los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Montes son en torno a 820 las edificaciones afectadas, distribuidas del siguiente modo: Lalín (332), Silleda (50), Vila de Cruces (18), Rodeiro (4), Agolada (15), A Estrada (358), Forcarei (26) y 13 en Cerdedo. En Dozón no consta ninguna vivienda colectivas, no solo de más de medio siglo de antigüedad. De este registro, que desglosa por décadas los edificios levantados antes de 1969 y aquellos posteriores a 2010, se desprende que en las comarcas hay un total de 14.017 viviendas colectivas.
Volviendo al decreto que regulará el denominado Informe de Avaliación Estratéxica (IAE), conviene señalar que el precio de este trabajo técnico precio ronda de media los 1.000 euros, con una horquilla que se mueve entre los 300 y los 1.800 euros en función de las dimensiones del edificio y del número de hogares que tenga. El IAE tendrá que ser elaborado por un técnico competente y servirá para acreditar la situación en la que se encuentra un edificio en relación con su estado de conservación, con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad y con su grado de eficiencia energética. Esta medida también será obligatoria, además de para los edificios de viviendas con una antigüedad superior a 50 años, para otros si así lo establece la normativa autonómica o municipal. No obstante, la antigüedad de los edificios obligados a obtener este requisito podrá ser rebajada por las ordenanzas de cada ayuntamiento. Otra cuestión que interesa a los afectados es que, según informa la Xunta, aquellos inmueble que cuenten con un certificado de Inspección Técnica de Edificación (ITE), solo deberán completar el de evaluación con la parte relativa a la accesibilidad y eficiencia energética.
La elaboración del procedimiento garantiza, a los propietarios de viviendas y a las comunidades de propietarios, un conocimiento detallado de la situación del inmueble y de forma preventiva las posibles actuaciones que sean necesarias realizar en el mismo para evitar futuros deterioros que puedan causar daños, tanto a los propios inquilinos como la terceras personas. Tendrá una vigencia de diez años desde la fecha de su emisión, salvo que el ayuntamiento establezca una vigencia menor mediante una ordenanza propia.
Mientras, en el Regiae se inscribirán los IAE y sus actualizaciones. Este registro será público, estará adscrito al IVGS y contará con un servicio de consulta para los ciudadanos.
