La posible instalación de una estación de servicio de bajo coste en el Barrio do Campo de Silleda está contando con el rechazo frontal de numerosos vecinos de este entorno, que ayer volvieron a escuchar al alcalde, Manuel Cuíña, 24 horas después de que el mandatario mantuviese una reunión con representantes de la compañía Plenoil para tratar de persuadirlos y que buscasen otro emplazamiento para su proyecto empresarial. Al término del encuentro, celebrado en el consistorio, un grupo de afectados comunicó su intención de iniciar movilizaciones contra la apertura de la citada estación de servicio.

Esta será unas de las cuestiones que se ponga encima de la mesa en una reunión de afectados convocada para la próxima semana, en la que también se planteará contratar a uno o más abogados para que les presten asesoramiento legal y estudien con detalle las autorizaciones y más trámites administrativos. Los vecinos, unas 300 personas del entorno de Campo según sus propias estimaciones, proponen que sus juristas elaboren un informe propio para presentar alegaciones al proyecto ante la Xunta "y para revisar con detalle expedientes y permisos", comenta uno de los residentes que ayer estuvo presente en la reunión. Con las acciones de protesta desean que se visibilice su rechazo al proyecto, aunque algunos reconocen que quizá no haya demasiado margen de maniobra si el proyecto de la empresa cumple con la normativa aplicable. Algunas voces incluso vaticinan que la gasolinera acabará abriendo, otorgando al gobierno local un papel secundario, consciente de que la administración no puede ir contra un marco legal establecido. Porque, como también les trasladó el mandatario, la parcela alquilada por la empresa por 5 años con opción a compra está catalogada en el planeamiento urbanístico vigente [de 1981] "como de edificación abierta, lo que contempla la posibilidad de ubicar aquí instalaciones como esta", dijo Cuíña. El mandatario comunicó que el Concello "está trabajando ya en distintos frentes, siempre dentro de la legalidad, para tratar de evitar la ubicación de la gasolinera en este entorno". También informó a los presentes de sus intentos de persuasión a la empresa para que llevasen la gasolinera a otro lugar, "porque el elegido, como ya dijimos, no podía ser peor".

A los afectados les preocupan varias cuestiones. Con esta estación de servicio, dicen, sus viviendas quedarían prácticamente en medio de dos estaciones de servicio, algo que rechazan por cuestiones de seguridad. Además, relatan que sus viviendas perderían mucho valor y en caso de querer venderlas o alquilarlas quizá los posibles inquilinos se decantasen por otra zona del municipio. En este sentido, a los damnificados les resulta cuando menos curioso que la normativa autonómica recomiende que una gasolinera no se monte a menos de 50 metros de viviendas o a 100 de un colegio. "La que se pretende montar aquí estaría pegada, a unos 10 metros de las casas, y bastante cerca, en línea recta, de un centro educativo concertado", añaden. Otro asunto sobre el que inciden es que al ser un servicio 24 horas y sin personal permanente pueden darse casos de imprudencias de clientes en el manejo de los surtidores y provocar un problema de seguridad.