Durante el pasado ejercicio, el Valedor do Pobo recibió 46 quejas procedentes de vecinos de las comarcas, según el informe anual que presentó la nueva responsable de la institución, María Dolores Fernández Galiño, que desde agosto ocupa el cargo que había desempleado Milagros Otero.
El casi medio centenar de quejas se mueve en cifras similares a las 38 de 2016, pero queda muy por debajo de las 1.166 que se registraron, desde Deza y Tabeirós-Montes, durante 2017 o las 11.224 que hubo en 2015. Las dos tienen explicación: en 2017 los vecinos de Rodeiro recurrieron a esta institución para solucionar los continuos microcorte de luz, y en 2015 desde Lalín se enviaron 11.192 peticiones de protección para el enclave natural de Casas Vellas, amenazado por un proyecto de línea de alta tensión.
El informe de la valedora menciona, en esta memoria de 2018, la polémica por la luz de Rodeiro. Indica que 199 vecinos interpusieron una reclamación por la continuidad de esos apagones. El recurso al Valedor do Pobo sirvió para que la Xunta impulsase proyectos de inversión a corto y medio plazo para garantizar el suministro eléctrico en el rural y la vigencia y cumplimiento del plan de ahorro de eficiencia energética.
Rodeiro no tiene quejas remitidas de forma oficial al Valedor do Pobo, de modo que las 46 mencionadas se reparten entre 17 enviadas desde A Estrada; 15 desde Silleda; 6 desde Lalín y 3 tanto desde Agolada como desde Vila de Cruces. Los vecinos de Cerdedo-Cotobade remitieron una queja, y los de Forcarei, otra. Dozón no remitió ninguna queja al Valedor do Pobo. Como anécdota, desde toda la provincia se enviaron 12.722 quejas, que son el 61,8% de las 20.558 totales. La cifra es tan abultada por la reacción contra la conversión de un arenal en playa canina en Teis, Vigo (con 7.381 quejas) y la acción de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística en Vilaboa (3.304).
De esas 46 quejas, 17 están referidas al funcionamiento de la administración local: no hay ninguna contra los concellos de Dozón, Rodeiro ni Silleda, pero sí se tramitaron dos reclamaciones contra el gobierno local de Agolada, las mismas que contra Vila de Cruces, Cerdedo-Cotobade y Forcarei. Completan la lista cuatro quejas contra la administración lalinense y cinco contra la de A Estrada. En este apartado, en toda la provincia se contabilizan 1.416. Vigo es, de nuevo, el municipio con más quejas: hubo 1.122 expedientes contra su gobierno local.
El informe del Valedor do Pobo analiza varias quejas según las áreas a que se refieren, como urbanismo, medio ambiente, sanidad, educación o transporte. Precisamente, una de ellas tiene que ver con el transporte por tierras dezanas. En abril del año pasado se inició la tramitación de una queja que firmaban 300 personas sobre el nuevo plan de viajero para la línea Chantada-Santiago de Compostela. El proyecto eliminaba una línea a Compostela los viernes y adelantaba la del domingo, además de eliminar una ruta entre semana de Chantada-Lalín y Lalín-Santiago. Tras la investigación de esta instancia consultiva, la Dirección Xeral de Mobilidade indicó que fueron incorporándose modificaciones, como un servicio adicional los viernes por la tarde y los inicios de puente, así como la adaptación horaria de la línea Monforte-Santiago y Lalín-Lugo.
La mediación del Valedor permitió también que el Instituto Galego da Vivenda e Solo aceptase renegociar la deuda de alquiler que tenía desde febrero de 2014 hasta mayo de 2018 un usuario de una vivienda de protección oficial en el poblado minero de Fontao.
