Una vez que el Valedor do Pobo admite a trámite una queja, se abre un expediente y se contacta con la administración afectada para que, en un plazo de 15 días, remita la información que se le requiere. Durante el año pasado, la institución que preside María Dolores Fernández no tuvo que formular declaraciones de hostilidad o entorpecimiento por parte de las administraciones, pero sí se vio obligada a enviar varios recordatorios de los deberes legales, así como advertencias, a algunas entidades públicas perezosas.
Entre la relación de municipios pontevedreses que se tomaron con calma lo de remitir informes al Valedor do Pobo están Silleda y Vila de Cruces. A ambos hubo que reiterarles hasta en dos ocasiones el envío de un informe para dar salida a una queja.
El verano, con más casos
El informe de 2018 analiza la entrada, a escala gallega, de expedientes según el mes. Así, de los 2.706 asuntos tratados (no tienen por qué coincidir con el número de quejas), la media mensual de entrada es de 225, con un pico en abril de 315 y otro en mayo, de 309. En cuanto a la entrada de expedientes o de reclamantes es en verano, y no en primavera, cuando se producen alzas: en junio hubo 9.044 expedientes nuevos y en julio, 3.577. Son las dos cifras más altas en un balance anual de 20.807 expedientes.
