El portavoz del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, acusa al gobierno de "ocultismo" y de cometer una negligencia en cuanto al contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que venció ayer. Pedirá la comparecencia de la teniente de alcalde y concejala de Benestar Social, Paz Pérez, en el próximo pleno y tras negarle ver el recurso presentado, ayer solicitó una copia del mismo a través del registro municipal.

Vilariño reprocha "la ocultación de información, como quedó probado en el pleno, de que existía un recurso, que exclusivamente afecta al precio, presentado por la empresa encargada de la prestación del servicio, Galáurea" y de una serie de procedimientos que son "totalmente negligentes y estamos ante algo muy serio, porque el SAF es el contrato más importante del Concello, porque estamos hablando de un importe superior a los 600.000 euros, además de ser un servicio que se presta para mejorar la calidad de vida de las personas", recalca Vilariño. Señala que el recurso fue presentado el pasado 2 de julio y que la empresa posteriormente, el 12 de agosto, presentó alegaciones al mismo. "Es algo muy curioso y estamos convencidos que hay conversaciones para que esto se presentase así", incide. Explica que se trata de un recurso de reposición y que tiene un mes para resolverse y que se entiende desestimado si no se resuelve en ese plazo. "Eso no quita que ahora la Administración lo resuelva, como estoy convencido que lo hará a lo largo de este mes, después de este escándalo, pero debe llevarse a pleno".

Recuerda que estando gobernando el cuatripartito se estableció el precio, en base a un informe realizado por una gestoría, de esta prestación en el pleno del mes de abril, que es lo que recurre la empresa en julio. Vilariño afirma que "no hace más de diez días, que el gobierno le pide, después de no hacer nada desde el 2 de julio, a la misma asesoría que realicen un informe resolviendo ese recurso". Ante eso insiste en que hubo una ocultación porque este recurso tendría que formar parte de un expediente y ser conocido públicamente y por otro lado, que existe en este procedimiento "una negligencia manifiesta e inaudita de que no se hizo absolutamente nada poniendo en peligro la prestación del servicio".

Vilariño también reitera que "es más que evidente que terminando el contrato, que la empresa y el Concello tenían esto acordado, porque el acuerdo plenario dice: autorizar la continuidad de la prestación del servicio en los términos actuales hasta la adjudicación de un nuevo contrato con un máximo de dos años y facilitar a la teniente de alcalde la gestión de los trámites que sean oportunos".

Subraya que hay otro aspecto a mayores. "Es gravísimo también que había prórroga de dos años y solo era notificala" y recalca que el problema se debió a que "la teniente de alcalde se olvidó, como lo admitió en el pleno durante mis preguntas, y es muy grave y más en una concejala que cobra más que el propio alcalde, por lo que puede que tenga que desencadenar en su dimisión".