El PSOE rechazado los argumentos del gobierno de A Estrada en relación a la bonificación del IBI que habían propuesto para el rural y que vendría determinada por la posibilidad de conectarse a los servicios municipales de saneamientos, traída de agua, y el disfrute de alumbrado público. El portavoz del PSOE, Luis López Bueno, considera que, "el acceso a los servicios municipales es lo que da derecho a la bonificación, el gobierno no puede intentar confundir a los vecinos y vecinas".

Sobre el ejemplo de Santiago de Compostela los socialistas hacen notar que "en Santiago el rural ya está saneado, por lo tanto solo hace falta bonificar casos particulares de propietarios que se van a asentar en él", y consideran la crítica del gobierno como "producto de la falta de información". También destacan que "la ley prevé que las actividades primarias deben ser preeminentes en los asentamientos de población sujetos a la bonificación, no que los propietarios deban tener relación directa con el sector". De todas maneras, apuntan la que "sin ir más lejos, un concello próximo a nosotros, de más de 20.000 habitantes y con una estructura similar a la nuestra aplica una bonificación del 60 % a todo el rural sin ligarlo al disfrute de servicios".

López Bueno añadió que "El PP ignora el problema de pérdida de población que tiene A Estrada en vez de comenzar a tomar medidas de incentivo para fijar población en el rural. Otros ayuntamientos limítrofes están entendiendo la importancia del rural para sus economías y su viabilidad como ayuntamiento, mientras en A Estrada estamos estancados mientras la crisis demográfica no hace más que agravarse".

Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de la Comunidad Valenciana que citó Alberto Blanco para criticar la motivación de la bonificación, López Bueno responde que "afortunadamente, en Galicia solo nos sometemos al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, la sentencia de Valencia no nos obliga a nada". El portavoz socialista también considera que "la rebaja de los ingresos no tiene en cuenta a subida que produjo la revisión catastral, por lo tanto es perfectamente asumible por las arcas del ayuntamiento".