Varias familias que viven en un piso de alquiler o de alquiler con derecho a compra temen ser desalojadas de las viviendas ubicadas en los portales 2 a 8 en la rúa Emilio Alonso Paz, de Silleda. A finales de julio cerró la subasta de 31 pisos y 29 plazas de garaje de estos cuatro bloques, para saldar una deuda de 2,10 millones de euros. Los bloques, con 64 viviendas en total, fueron construidos por la promotora Promoval, y ahora salieron a puja a través de la Sareb.
El embargo de las viviendas y su subasta no afecta a los que sí han comprado piso. De ahí que la comunidad de propietarios no haya convocado ninguna asamblea para tratar esta cuestión. Pero el 50% de residentes son inquilinos, y de ahí que ante el silencio tanto de la promotora como de los propietarios demanden más información, porque temen que en el caso de las alquiladas con derecho a compra pierdan la entrada que dieron ya al firmar el contrato. A algunos inquilinos les llegó una carta del Ministerio de Presidencia, con la certificación del cierre de subasta y en la que se puede ver que en la puja, cerrada el pasado 22 de julio, hubo postores a 7 de las 31 viviendas en subasta, así como a algunas plazas de garaje. A otros inquilinos les llegó una carta, pero de Hacienda en la que se les aconsejaba no abonar la mensualidad del alquiler a la empresa.
Los afectados acudieron a la gestoría pero, dado que la persona que se encarga de estos bloques estaba de vacaciones, decidieron consulta a una abogada. La letrada les indicó que podían iniciar acciones administrativas o penales. En el caso de las penales, el proceso podría dilatarse unos seis años, y la promotora podría enfrentarse a una pena de cárcel de tres por estafa, según indican los afectados.
Hay inquilinos que llevan viviendo en estos pisos un par de años, pero en otros casos llegaron hace tan sólo tres meses, cuando la subasta estaba ya publicitada en el BOE y sin que la promotora alertase de esta situación ni a sus nuevos inquilinos ni a los que llevan tiempo residiendo en estos bloques. Los recibos que llegan a los inquilinos por consumos aparecen bajo el nombre de Promoval SL o Promociones Inmobiliarias Val Galicia SL.
En la subasta que se cerró a finales de julio, las ofertas que presentaron los postores a siete de esas 31 viviendas son en torno a la mitad del valor con el que salieron a concurso, con unos precios de entre 43.000 y 56.000 euros, mientras que las viviendas habían sido tasadas en una horquilla de entre 52.000 y 136.000 euros. La puja, que está pendiente de finalización por la autoridad gestora (el Juzgado Número 2 de Lalín), sí se saldó con pujas para las 29 plazas de garaje.
