Como en todo, la política también afecta a los combustibles, y de forma especial al diésel. El año pasado, el gobierno socialista anunció su intención de subir la fiscalidad del gasóleo para equipararlo a la gasolina, apoyándose en la contaminación de este combustible y con el ánimo de incentivar la compra de coches híbridos y eléctricos. Los presupuestos generales no salieron adelante, así que la medida se quedó sobre el papel. Ahora, a la espera de que se forme un gobierno con o sin nuevas elecciones de por medio, tampoco se pueden actualizar los impuestos y, por tanto, tampoco va a materializarse el dieselazo. Según las fuentes que maneja la patronal de concesionarios de coches, Faconauto, la fiscalidad verde que quiere llevar adelante el ejecutivo socialista le supondrá a las arcas estatales unos ingresos de más de 1.000 millones de euros en comparación con 2018.
Por el momento, el precio del carburante en España está más bajo que la media europea. Pero estos valores mudan porque al precio de la materia prima en sí (que depende además de la cotización internacional del petróleo) hay que añadir otros costes como el transporte y el refinado. Sin embargo, del precio final podemos decir que en torno a la mitad son impuestos: el IVA, el especial de hidrocarburos y el de ventas minoristas, éste último determinado por el estado y las autonomías.
