La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) manifiesta los "sentimientos encontrados" que genera entre los productores de leche la multa de 80 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a las industrias lácteas, conocida el pasado viernes. Por un lado, muestra satisfacción, "pues siempre es agradable tener razón", y por otro, confiesan temor a que las empresas sancionadas repercutan ahora la sanción en los precios pagados a sus proveedores: los ganaderos.
La multa se dirige a las empresas Calidad Pascual, Danone, Lactaleis, Nestlé, la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera de Galicia (Celega), Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España, antes Senoble Ibérica. También participaron en estas conductas Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana "aunque su infracción ha prescrito, pues el período analizado y sancionado es entre 2000 y 2013", apunta UPA.
El sindicato pide que tanto Competencia, como el Ministerio de Agricultura, "vigilen ahora muy de cerca el cártel lácteo" para que no repercuta la multa en los ganaderos, o incluso en los consumidores y exige "que se dejen de recursos" y asuman la sanción y propone que el importe de la misma se destine a ayudar al sector ganadero en la situación de "crisis profunda", ya que 840 granjas de vacuno de leche cerró en el último año.
