Movemento Veciñal Estradense (Móvete) le exige al Concello de A Estrada y a la Xunta el cumplimiento del acuerdo de la corporación municipal y del Parlamento de Galicia que comprometía en 2017 el inicio de la construcción de una residencia de gestión pública en A Estrada antes de 2020.

Recordó Móvete que ese acuerdo se alcanzó en 2017 a raíz de una iniciativa que presentó esta fuerza política y que había obtenido el respaldo de 1.500 firmas antes de ir a pleno y de ser aprobada por unanimidad y elevarse al Parlamento gallego para alcanzar el respaldo de todas las fuerzas políticas.

Subraya que hay datos que justifican que A Estrada es un lugar estratégico para la ubicación de un centro de ese tipo. En primer lugar, apunta que el municipio es "zona de prioridad 1 para servicios orientados a las personas mayores" y que la tasa de dependencia y de envejecimiento local presentan tendencias negativas. Agrega que A Estrada tiene una población diez años más envejecida que la media de Galicia y 20 más que la media de España, agudizándose el sobreenvejecimiento hasta tal punto que más del 27% de la población tiene más de 65 años. Cree que el centro de 40 plazas para mayores con autonomía existente hoy es "insuficiente" y que lo será aun más dado que la "demanda de servicios para mayores seguirá aumentando". Agregó que el retraso en la valoración del grado de discapacidad y dependencia en la provincia motiva que haya personas sin valorar que son formalmente válidas cuando en la práctica necesitan servicios como personas asistidas. Ello motiva, según la líder de Móvete, Mar Blanco, que "los usuarios del centro" de A Estrada "necesiten unos cuidados de los que se carece".

Ve una "falta de respeto hacia la ciudadanía" las declaraciones del alcalde José López a principios de año alusivas a la puesta a disposición de un terreno municipal para la construcción de una residencia por parte de una empresa privada que cuente con un porcentaje de plazas concertadas. Móvete indica que "solo con un servicio de gestión directa de la Xunta se garantiza el acceso de los pensionistas y se ahorra en la gestión" (un 8% de media). Cree que su excesivo coste dejaría "a gran parte de los pensionistas del municipio y comarca" fuera.