La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el jueves, 13 de junio, una vista en la que se juzga a una mujer acusada de cobrar durante 20 años la pensión de su abuelo fallecido. El juicio está fijado para las 10.15 horas. La Fiscalía, en su escrito de acusación, pide que se le imponga una pena de dos años de prisión. El asunto procede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de A Estrada.
Esta mujer se enfrenta a este juicio oral por ocultar supuestamente a la Seguridad Social y al banco que su abuelo había fallecido, por lo que desde enero de 1996 hasta octubre de 2016, continuó, presuntamente, cobrando la pensión mensual del fallecido. Según el fiscal, el total de lo indebidamente ingresado por la Seguridad Social ascendería a 132.000 euros.
El escrito de acusación de la Fiscalía explica que el abuelo de la acusada tenía reconocida por la Seguridad Social una pensión de jubilación que en el año 1997 ascendía a 329,50 euros mensuales, una cuantía que se iría incrementando anualmente en consonancia con la correspondiente revalorización de las pensiones públicas, hasta alcanzar en octubre de 2016 la cifra de 603,50 euros al mes.
Autorizada
Recoge asimismo que estas cantidades se le ingresaban en una cuenta corriente abierta en una oficina bancaria de A Estrada, en la que su nieta -se explicita- figuraba "como única persona autorizada".
Apunta también Fiscalía que a comienzos de enero de 1996 falleció el beneficiario de esta pensión. "A partir de esta fecha la acusada, actuando siempre con la intención de obtener un beneficio patrimonial, ocultó a la Seguridad Social y la entidad bancaria que su abuelo había fallecido y permitió que, desde enero de 1996 hasta octubre de 2016, continuasen ingresándose, de forma indebida y sin solución de continuidad, las cuantías mensuales correspondientes a la pensión de la que fuera beneficiario su abuelo ya fallecido", recoge el escrito de acusación. Indica que el total de lo presuntamente ingresado de forma indebida por esta mujer a lo largo de estos 20 años habría ascendido a 132.041,23 euros.
Apunta asimismo Fiscalía que la acusada habría realizado "múltiples operaciones de reintegro en efectivo con cargo a la cuenta en la que se ingresaba indebidamente la pensión referida y domicilió algunos recibos, incorporando a su patrimonio todas las pensiones percibidas indebidamente".
Añade también que, iniciado el correspondiente procedimiento administrativo de retrocesión, la Seguridad Social consiguió el reintegro por parte de la entidad bancaria en la que estaba abierta esta cuenta de 33.010 euros, al parecer correspondientes a las pensiones de los últimos cuatro años. Entiende el fiscal que los hechos descritos constituyen un delito contra la Seguridad Social.
Así las cosas, Fiscalía pide que se le imponga a esta mujer la pena citada de dos años de prisión con una pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante seis años. También reclama que se le impongan las costas del proceso.
Ya en materia de responsabilidad social, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice al banco en la cantidad de 33.010 euros y la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 99.031,23 euros.
