La Asociación Forestal de Galicia (AFG) acordó hoy en su XXXIII Asemblea Xeral -celebrada en el Mosteiro de Aciveiro (Forcarei)- aprobar una batería de propuestas de revisión de la normativa de prevención de incendios para que sea más realista, se pueda aplicar mejor en la práctica y sirva para mejorar la seguridad pública. Precisamente para ello proyecta contactar en los próximos meses con las demás entidades de la cadena de la madera para desarrollar propuestas de consenso.

Entienden los propietarios forestales que la actual normativa autonómica de prevención de incendios adolece de defectos que conviene corregir. Precisamente por eso, una delegación de la Asociación Forestal de Galicia se entrevistó esta semana con el director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández Couto, para reclamarle cambios. En la asamblea de ayer ya se expuso que el director xeral estuvo de acuerdo y comprometió una próxima revisión de la normativa actual.

En opinión de los propietarios forestales, “uno de los principales problemas radica en la magnitud de las cortas y desbroces que exige la actual Lei en torno a viviendas y núcleos de población, en las llamadas redes secundarias de gestión de la biomasa”. “Solo por esas redes secundarias sería precisa la corta del arbolado” y el desbroce anual de unas 150.000 hectáreas pese a que, según la AFG, “en Galicia no existen medios humanos ni técnicos para acometer ni un 10% de esos trabajos”.

Consecuentemente, el colectivo aboga por una territorialización de las medidas de prevención. Entiende que los criterios de prevención deben diferir en función de los riesgos que haya en cada comarca dado que en Galicia existen zonas con problemas estructurales de fuegos como parte de la provincia de Ourense y otras donde resultan escasos los incendios y, por tanto, los riesgos a ellos asociados.

En segundo lugar, la AFG plantea la necesidad de que la Xunta implante un sistema financiado íntegramente con fondos públicos para gestionar la biomasa, a fin de garantizar la seguridad pública de la ciudadanía. Señalan los propietarios forestales estar dispuestos a poner a disposición los terrenos precisos en el entorno de viviendas, núcleos de población y vías de comunicación. Considera que la financiación de ese sistema podría llegar de Europa si la Xunta realiza las gestiones oportunas, habida cuenta de que los incendios en el sur de Europa constituyen un problema de seguridad pública para el que la Unión Europea ofrece colaboración. Asimismo, apunta que en las zonas con mayores riesgos también se podrían activar planes de emergencia que formen a la población acerca de qué hacer y qué no en caso de incendio forestal.

Además, incide en la necesidad de actuar sobre el desorden urbanístico al entender que la proliferación de viviendas y nuevas urbanizaciones colindantes con el monte genera situaciones de riesgo en caso de incendio forestal. De ahí que en la asamblea de hoy, la AFG haya acordado pedirle a la Xunta que modifique la Lei do Solo “para que toda nueva construcción que se ubique en las proximidades de áreas forestales esté obligada a garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de incendios, en especial en lo tocante a las distancias de separación entre el arbolado y las nuevas construcciones”. Para ello, propone que el promotor de la vivienda o urbanización “asuma la gestión de la biomasa en las distancias que marque la normativa”. “Esos terrenos deberán ser del promotor de la obra o este deberá establecer un convenio de mutuo acuerdo con los propietarios forestales afectados para la gestión de la biomasa”, concluyeron fuentes de la AFG.