La Unión de Cidadáns Independentes de Dozón (UCIN) denuncia, después de comprobar in situ la situación en varios núcleos de población del municipio, la existencia de "una red de empadronamientos irregulares de medio centenar de personas vinculadas a la candidatura del Partido Popular y a las empresas de la familia Campos, así como más de 30 personas fallecidas que siguen incluidas en el censo". Presentó ayer una denuncia ante la junta electoral y lo hará también en los próximos días ante el juzgado de Lalín.
La existencia de esta red "es una protesta habitual que hacen en las elecciones previas diversos grupos políticos de la oposición municipal, pero las prácticas poco transparentes del gobierno y la política de miedo instaurada por el alcalde obstaculizaron e impidieron la comprobación en la mayoría de los casos". El partido recibió una copia del censo municipal y a la hora de realizar el reparto del material electoral se encontró con "diversas viviendas en estado de semi-abandono o con claras señales de estar deshabitadas en las que según el censo residían personas vinculadas a la candidatura del PP y a las empresas del clan Campos". También constató la presencia en el censo de "más de una treintena de personas fallecidas". Afirma que la situación coincide con alteraciones detectadas en el mismo en los meses previos a las elecciones. "Así pudimos comprobarlo que por lo menos desde las elecciones de 2003, aunque hasta ahora, en ningún caso fueron objeto de corrección por parte de la junta electoral". Señala que en un concello que pasó de 1.719 habitantes en 2002 a 1.065 en marzo de 2019 (654 personas menos) "hubo crecimientos anormales en los meses previos a las elecciones municipales". Añade que "se observó un crecimiento de 24 personas en noviembre de 2002, 12 y 10 personas en mayo y julio de 2006, 15 personas en diciembre de 2010, 20 en enero de 2015 y siete, cuatro y 12 en noviembre de 2018, en enero y febrero de 2019, respectivamente" y recalca :"una tendencia anormal para un concello que, por desgracia, pierde población sin parar desde hace varias décadas". Por todo esto, UCIN insta a la junta electoral a recoger la información precisa para estudiar las posibles irregularidades en el censo. De confirmarse, subraya que estas prácticas de "empadronamientos irregulares pueden tener consecuencias para sus infractores con delitos como prevaricación administrativa, falsedad en documento público o, en caso de la normativa electoral, una infracción con multas a los particulares implicados que pueden llegar a los 1.000 euros, según contempla la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General)".
Composición de las mesas
En relación a esta situación, UCIN Dozón advierte de que a una semana de la celebración de las elecciones municipales siguen sin conocer la composición de las mesas electorales. En este sentido, la formación recalca que en los anteriores comicios fueron designados para este cometido "personas que no residían en el municipio, lo que evidencia de nuevo las irregularidades del censo".
