La portavoz de Asuntos Sociais del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Marta Rodríguez Arias, consideró en la pasada jornada que "la reclamación para convertir en funcionarias a las trabajadoras" del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Forcarei es "ilegal". Se posicionaba así en relación con la iniciativa al respecto que el BNG llevó al Parlamento gallego. El PP estima que además de que "no es legal" funcionarizar al personal, "tampoco se le puede obligar a ninguna empresa a aceptar el concurso".
De ahí que, apunta, el Concello de Forcarei se haya visto "abocado a tener que suspender temporalmente el servicio, buscando distintas soluciones para los usuarios y esperando a que el juzgado determine la solución al concurso de acreedores" y al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "extintivo con los posibles despidos".
De ahí que desde el PPdeG en el Parlamento de Galicia se indique que Marta Rodríguez Arias afirma que la causa del conflicto en el que están inmersas las trabajadoras del SAF de Forcarei "es totalmente ajena al Concello".
La portavoz de Asuntos Sociais del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia hace notar que la situación "es consecuencia de la mala gestión de la empresa concesionaria" que terminó provocando "su quiebra" y la consiguiente "apertura de un concurso de acreedores".
Marta Rodríguez hace hincapié en que "ninguna empresa quiere asumir las deudas heredadas por las tributaciones no realizadas por la anterior empresa concesionaria" no solo en el caso del Concello de Forcarei sino también en el de Silleda".
Asegura que "no es legal municipalizar" el SAF y subraya que la Xunta ya ha habilitado "una salida otorgando una ayuda económica a los usuarios". Esta se articula, prosigue, "bajo la modalidad de libranza" con el objetivo de que los usuarios afectados "puedan contratar directamente el servicio".
La portavoz de Asuntos Sociais del Grupo Popular en O Hórreo no quiso dejar pasar la oportunidad de lamentar el "grave perjuicio" ue esta situación laboral viene motivando en la prestación del SAF de Forcarei precisamente "por la mala gestión de la empresa adjudicataria". De esta recuerda que "entró en concurso de acreedores por las dedudas que adquirió con la Seguridad Social " no solo "por las 16 trabajadoras" que prestaban el servicio en el término municipal de Forcarei sino "también por las 34 empleadas que la misma empresa tenía en Silleda".
Ante esta situación, apuntan fuentes del PPdeG en el Parlamento de Galicia, "el Concello de Forcarei convocó un nuevo concurso público el pasado mes de enero" asumiendo el "compromiso de pago a una nueva empresa concesionaria" del "precio por hora más elevado de la provincia".
No obstante, agregan las mismas fuentes, "la situación concursal en la que se encontraba la anterior concesionaria y los conflictos que tenía con las trabajadoras motivaron que este nuevo concurso quedara desierto". A este respecto, la portavoz parlamentaria popular en materia de Axuntos Sociais abundó en que se debe a que "ninguna empresa quiere asumir las deudas heredadas por las tributaciones no realizadas tanto en Forcarei como en Silleda".
