Los concellos no son, ni de lejos, los principales actores del déficit público, sino que esta responsabilidad recae en otras administraciones superiores como comunidades autónomas o el propio Estado. No obstante, hace seis años el Ministerio de Hacienda aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para evitar que algunos municipios acumulasen sin control facturas en los cajones y no atendiesen a sus obligaciones con los proveedores. Desde entonces se establece un período máximo de 30 días para que los Concellos liquiden sus facturas pues, en caso contrario, pueden enfrentarse a penalizaciones. En los casos de desequilibrio presupuestario o insuficiencia económica, los corsés de los planes de ajuste son otras de las medidas aplicables.
Según el balance del Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) divulgado por el ministerio todos los ayuntamientos de las comarcas, a excepción de Cerdedo-Cotobade, cumplieron con la exigencia de pagar sus facturas antes de un mes. La administración local fusionada en 2016 cerró el pasado ejercicio con un período medio de abono de 46,43 días, si bien la remisión de la documentación se hizo dentro de los plazos establecidos. En este cuadro, donde deben figurar todos los municipios españoles, no aparece Dozón. En el mismo, además del tiempo medio que tarda cada ayuntamiento en liquidar las facturas, se analizan otros parámetros como los importes de pagos realizados durante un mes o un año, así como los montantes de los que están pendientes. Pues bien, los concellos de las comarcas despidieron el pasado ejercicio con facturas en el cajón que suman un importe total de 2.670.447 euros. De esta suma, A Estrada es la administración municipal de Deza y Tabeirós-Montes que presenta un volumen de pagos pendientes más elevado, con exactamente 1.173.878 euros, mientras que las operaciones liquidadas alcanzan los 1,9 millones. Lalín completó durante 2018 pagos de servicios prestados por proveedores por valor de casi 2,5 millones, mientras que quedaron encima de la mesa sin abonar otros por 744.984 euros. Los importes pendientes en Silleda suman 99.938 euros y los pagos, algo más de 2,2 millones. En el caso de Vila de Cruces las cuantías son de 34.021 y algo más de un millón respectivamente. Rodeiro tenía pendientes de resolver servicios por valor de 99.529 euros y los pagos se fueron hasta los 297.930 euros. Y en Agolada los montantes son 64.768 y 286.421 euros en cada caso. Forcarei justificó y materializó pagos de un valor total de 1.504.561 euros y dejó pendientes facturas por 219.840 euros. Y en Cerdedo-Cotobade fueron 1,3 millones de abonos y 233.486 euros de prestaciones sin ganar.
En este registro también se muestran balances anuales de otras administraciones como las mancomunidades. La dezana paga a los proveedores a una media de 16,7 días y cerró 2018 sin deudas pendientes con proveedores, después de liquidar facturas por valor de 14.416 euros.
Si observamos la relación de los ayuntamientos pontevedreses que figuran en el registro ministerial y su período medio de pago a proveedores podemos sacar dos conclusiones: que hasta 16 incumplen la normativa de satisfacer sus obligaciones con las empresas suministradoras y que el Concello de Silleda es el que más pronto paga, con un promedio de 0,77 días. En el extremo opuesto aparecen administraciones locales como Vilanova de Arousa (384,89 días), O Porriño (124,99) Catoira (115,1,) o Cuntis, que tarda 91 días. En el caso de los demás municipios de las comarcas el desglose referido al cierre del pasado año es el siguiente: Lalín (14,4 días), Vila de Cruces (6,25), Rodeiro (22,9), Agolada (12,2), A Estrada (14,98) y un promedio de 12,61 jornadas en el caso de Forcarei.
