El pasado año fue el menos conflictivo del último lustro en la siniestralidad vial en el núcleo urbano lalinense. Así se desprende del Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS), un documento municipal que analiza múltiples cuestiones relativas a la circulación en la cabecera comarcal dezana.

En el informe sobre la accidentabilidad se concluye que entre 2013 y 2018 se produjeron un total de 460 siniestros de tráfico. Precisamente fue el pasado ejercicio el que menos incidencias se contabilizaron, con 62, una menos que las habidas en 2017. La evolución en las demás anualidades es la siguiente: 2013 (78 siniestros), 2014 (79), 2015 (83) y el pico máximo de siniestros se produjo en 2016, con un total de 95. En este análisis de la movilidad sostenible se especifica que la premisa fundamental es la seguridad y que los datos de accidentabilidad fueron recogidos por la Policía Local en vías de titularidad municipal, autonómica o estatal.

Entre las medidas a implantar en un plan de seguridad vial, propuesto a corto plazo y con un coste de 5.000 euros, se subraya que en la localidad existen puntos que constituyen un mayor foco de siniestros. Las zonas con más accidentes de tráfico son las avenidas Xosé Cuíña, Madrid y Montserrat; las calles Areal y Ponte, Nuno Eanes de Cercio o los cruces de Fonte dos Cabalos, Praza da Mariña y Penatoares. Aunque en base a los datos que se toman como referencia en el PMUS "no se considera que haya un grave problema de seguridad" sí se plantea la necesidad de reducir la accidentalidad y potenciar otros modelos de movilidad "que van a introducir nuevos hábitos de desplazamiento". Para eso se propone la elaboración de un programa de seguridad vial. En consonancia con otras medidas impulsadas desde el grupo de gobierno en los últimos años, la estrategia de dar preferencia a los peatones sobre los vehículos queda refrendada en otras consideraciones del PMUS. Las prioridades que propugna esta estrategia pasan por la protección a los usuarios más vulnerables, potenciar una movilidad segura en las zonas urbanas, mejorar la seguridad en las carreteras convencionales, en los desplazamientos relacionados con el trabajo y los comportamientos que tienen que ver con el alcohol y la velocidad en la conducción.

En otro orden de cosas, el documento también plantea la conveniencia de elaborar una nueva ordenanza municipal para las áreas de carga y descarga. En este caso subraya que una señalización inadecuada de estas zonas o la falta de vigilancia sobre las mismas incita al uso irregular por parte de los particulares. Por eso sería preciso, además de mejorar la señalización de estas zonas, tomar medidas en el control de las mismas mediante agentes de movilidad, de policía, cámaras de vigilancia, vehículos de denuncia automatizada o servicio de inmovilización y retirada de vehículos. Dicha propuesta, según el informe, debería acometerse a corto plazo y su ejecución llevaría aparejada una inversión cifrada en 10.000 euros.