La asociación de profesionales ambientales Galicia Ambiental remitió ayer a la delegación del Seprona en Pontevedra un escrito en el que denuncia la filtración de aguas lixiviadas del vertedero de residuos de Campomarzo "al entorno y a muy poca distancia del río Toxa y de su catarata". Los vecinos indican que no se trata de algo puntual provocado por los aguaceros de los últimos días, y la asociación Arcodega plantea elevar esta situación a la Fiscalía.

Las fugas se producen después de que el antiguo vertedero lleve semanas inundado. Los lixiviados son potencialmente contaminantes por el tipo de residuo que se enterraron en esta zona, "incumpliendo la legislación de la Dirección Xeral de Minas" en cuanto a la restauración de huecos mineros y uso de material no autorizado, así como de La Consellería de Medio Ambiente, puesto que en Campomarzo se gestionaron residuos para los que el vertedero de inertes no tenía autorización. Hay que recordar, en este sentido, que Medio Ambiente le impuso a principios de 2017 una sanción de 25.000 euros por depositar residuos que tendrían que ir a otras zonas para su tratamiento y puesta en valor.

El vertedero está sin actividad, ya que la Explotación Minera de Campomarzo entró en concurso de acreedores en diciembre de 2016. Su administrador concursal tiene la autorización del juzgado para "adoptar las medidas de vigilancia ambiental que le imponía el plan de restauración de la Dirección Xeral de Minas, pero en su última comunicación a los acreedores, dicho administrador confirmaba que el vertedero había sido adjudicado en subasta a una empresa de gestora de residuos de O Carballiño".

En efecto, los bienes de Campomarzo se subastaron el pasado mes de diciembre en tres lotes, por un valor conjunto de 12,48 millones de euros. Los dos primeros lotes eran una concesión minera por 11 millones, y terrenos afectos a la concesión, con un valor de liquidación de 946.469. Ninguno de ellos tuvo pujas, pero sí lo logró la unidad productiva de dicho vertedero, que tenía una valor de liquidación de 541.01 euros y que se otorgó por 389.528 a Building Desarrollo SL. Galicia Ambiental desconoce si esta firma ya se hizo cargo de la propiedad o la responsabilidad aún recae en la administración concursal. El 14 de febrero se aprobó el remate de la puja a favor de la empresa.

Galicia Ambiental carga también contra el Concello de Silleda, "propietario del espacio en que se asienta la concesión y que hace el papel de sordo-ciego" al consentir, "las múltiples agresiones ambiental que Campomarzo perpetra desde hace un par de décadas". Silleda es, además, uno de sus acreedores, puesto que la empresa debe por el canon de vertederos más de 95.300 euros. El Concello reclamaba 270.000 pero una sentencia del TSXG de marzo de 2018 indica que prescribieron los derechos de 2005, 2007, 2008 y 2009.