La organización ecologista Adega difundió ayer en su página web un nuevo informe sectorial sobre el proyecto de la mina de cobre en Touro y O Pino, que promueve la sociedad Cobre San Rafael.
Dicho informe procede de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, integrada en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Dicho organismo ya había emitido otro dictamen en abril del año pasado sobre la actualización del proyecto de extracción de cobre y por entonces demandaba que la promotora completase la documentación. Pero es que tanto en ese informe de 2018 como en el que emite ahora, Patrimonio Natural menciona que el proyecto conlleva "un riesgo muy alto de error y con consecuencias para las poblaciones humanas próximas y para el medio ambiente".
Patrimonio Natural recomienda a Cobre San Rafael que aborde los efectos indirectos de esta extracción minera sobre los hábitats y las especies de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que están próximas y que podrían resultar afectadas, incluido de forma indirecta. Recuerda que a tan solo 3,5 kilómetros al sur de la zona, en la misma cuenca, se localiza la ZEC Sistema fluvial Ulla-Deza, que además tiene la condición de Zona de Especial Protección dos Valores Naturais. Hay que recordar que, desde 2014, la Xunta puso en marcha iniciativas de recuperación del mejillón de río en aguas del Ulla, con la eliminación de diversas tostas. Otra especie que vive en las aguas de los ríos más próximos a la mina de Touro, el Lañas y el Brandelos, es el desmán ibérico. En este punto, Patrimonio Natural pone en entredicho el proyecto minero porque "por una parte difumina la posibilidad de ocurrencia, pero por otra define y establece escenarios accidentales de que esto se produzca en el análisis de riesgos".
En cuanto a los efectos de los materiales estériles, ahora mismo la promotora solo puede describir un escenario de probabilidades, ya que la naturaleza ácida de aquellos "quedará supeditada en la realidad a posteriores analíticas". Por de pronto, se calcula que 102 millones de toneladas serán residuos PAG, y otros 164 millones de toneladas que presentarán una capacidad progresiva de generar drenaje ácido. Patrimonio Natural señala que la principal problemática ambiental de la explotación minera radica "en los efectos de los estériles generados, en las aguas utilizadas y en garantizar que los lixiviados no se transfieren al sistema hidrológico superficial y subterráneo". Echa en falta que la empresa no añada información relevante sobre el necesario sistema de control y vigilancia tanto durante el proceso de explotación como en el periodo de postclausura.
