La Plataforma de Afectados polo SAF de Forcarei, que aglutina a los usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y a las trabajadoras que venían prestando dicho servicio, denuncia que la Xunta de Galicia ha cambiado de oficio los programas de atención de los usuarios de dependencia pasándolos al sistema de libranza, que incrementa "notablemente" sus costes. Señala que este cambio se produce "tras la renuncia del Concello de Forcarei a asumir la gestión del servicio y el anuncio de suspensión temporal del servicio municipal". La comunicación de la Xunta está llegando a los domicilios de los usuarios, según manifestaron fuentes de la plataforma, que también agregaron que al "malestar" que ello está causando entre "muchos usuarios" cabe añadir "la comunicación telefónica del Concello a los usuarios indicando que el servicio municipal queda suspendido este fin de semana sin fecha de recuperación".

"A día de hoy, los usuarios desconocen qué empresas podrían asumir el servicio una vez se resuelva" el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "de extinción que afecta a 14 trabajadoras" y muchos de los usuarios "tienen claro que económicamente no pueden asumir esta situación", agregan las mismas fuentes.

La portavoz de la plataforma, Áurea Márquez, señala que muchos usuarios están constatando "que las trabajadoras" del SAF "tenían razón cuando informaban sobre las consecuencias de que el Concello suspendiese el servicio" y este "pasase a ser prestado por la Xunta". "También desconocen, tras la renuncia del Concello a gestionar el SAF, en qué situación quedando tanto aquellas personas que tienen pendiente el reconocimiento de la dependencia y, por lo tanto, de la prestación del servicio como aquellas personas dependientes que, por motivos de salud, puedan necesitar más horas de servicio", se apunta desde la plataforma.

Asimismo, subraya que las comunicaciones recibidas indican que "la Xunta inició la revisión de oficio el 7 de marzo" pese a que "este cambio se hace impuesto por la problemática municipal de suspensión del servicio dado que ningún usuario hizo solicitud en este sentido". Respecto de los cálculos de incrementos del precio por la prestación del servicio, desde la plataforma afirman que "no se corresponden con los que las pasadas semanas informaron desde los servicios sociales del Concello, siendo en la mayoría de los casos superiores a los que le indicaron". Para la plataforma de afectados, ello "representa un ejemplo de la total falta de previsión, organización y seriedad por parte del Concello".

Así, por ejemplo, señalan que una usuaria que antes pagaba 90 euros tendría que pagar 240 "porque la Xunta solo le financia 329,23 de las 45horas que tiene concedidas, tal y como consta en la carta de abono".

La plataforma estudia la adopción de medidas legales ante el menoscabo a los derechos de los usuarios por una mala gestión local al entender que si este servicio "que se financia con fondos públicos, entra en quiebra, alguien tendrá que asumir las responsabilidades ya que tanto usuarios como trabajadoras son las víctimas de un problema muy grave de gestión". También desmiente en nombre de las trabajadoras del SAF "declaraciones" que le atribuye a la alcaldesa, Belén Cachafeiro, respecto de que "el problema es que las trabajadoras quieren ser funcionarias". Desde el colectivo se aclara que "la alcaldesa sabe que las trabajadoras no pueden ni quieren ser funcionarias y rogamos que deje de engañar a los usuarios y a sus familiares buscando culpables de una situación que no quiso atajar a tiempo".