El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Lalín ha finalizado la investigación de la conocida como Operación Qatedra, relacionada con un presunto fraude en subvenciones destinadas a cursos de formación. La magistrada ha acordado que la causa se siga contra los dos hermanos responsables de una consultoría (José Antonio y Carlos L.A.) y la mujer de uno de ellos (Sira C.N.) por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de un delito de falsedad documental continuada en documentos oficiales y pertenencia a grupo criminal. La instructora ha acordado en el auto notificado ayer el sobreseimiento de la causa respecto a los otros 51 investigados.

La jueza Carmen Riveiros Santiago indica que hay indicios de que los dos hermanos "idearon un sistema para la obtención de subvenciones de la Administración autonómica". Para ello, supuestamente convencían a empresas para que solicitasen ayudas para la formación de sus empleados. Prosem Consultoría Estratégica SL, con sede en Lalín, que estaba dirigida por los dos investigados y en la que la mujer de uno de ellos participaba "de forma activa", aportaba -según señala la instructora- "toda la infraestructura necesaria, incluida la financiera, para realizar la tramitación administrativa".

En todos los expedientes de subvención era necesario hacer constar los trabajadores que participaban en las clases, así como su evaluación, con firma, en muchos casos, de los alumnos. "Como en ocasiones no era factible cubrir el cupo de trabajadores partícipes en el curso, los hermanos, que actuaban de común acuerdo, incluyeron en los diversos cursos que organizaban a trabajadores que no habían participado en los mismos, incluyendo todos los datos relativos a los mismos e imitando sus firmas en muchos casos, todo ello con pleno conocimiento de que la declaración de esas falsas presencias en los cursos tenía por objeto formar parte del expediente administrativo de subvención e iba a ser valorada por la administración a la hora de la concesión de la misma", reza el auto. Y cita 16 expedientes de subvención correspondientes a otros tantos cursos, desarrollados entre mayo de 2010 y diciembre de 2013, en los que esta práctica se ha comprobado.

En cuanto al sobreseimiento, la instructora señala que respecto a trece personas no resultan "debidamente acreditados" los indicios de haberse perpetrado el delito debido a todos los expedientes que no están incluidos en la relación de hechos. Riveiros Santiago también ha decretado el sobreseimiento por prescripción de la responsabilidad criminal sobre los expedientes promovidos por el Sindicato Labrego Galego contra dos personas. Respecto a tres de las investigadas, la magistrada argumenta que no ha quedado acreditado que tuvieran "poder de disposición sobre los hechos objetos de investigación" y, además, subraya que los hechos están prescritos en relación a ellas. Respecto a otros once sospechosos, la titular del Juzgado Nº 1 de Lalín apunta que en algunos casos "no fueron ni profesores de los cursos" y, asimismo, en algunos casos, la causa estaría prescrita contra ellos.

Veintidós empresarios

En relación a los veintidós empresarios investigados, la jueza sostiene que ha sido imposible determinar quién dentro de esas compañías tenía el control del curso. Al mismo tiempo, destaca que "en la mayor parte de los casos" los hechos están prescritos. Contra el auto cabe presentar recurso. En cuanto sea firme, se dará traslado al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días solicite la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.