Después de que la plataforma de vecinos afectados por la polémica antena de telefonía móvil del número 14 de Benito Vigo presentase un escrito al Concello denunciando que quedan equipos sin retirar y urgiendo la imposición de una nueva multa coercitiva a la firma de telecomunicaciones que la instaló primero y la retiró después a principios del pasado mes de febrero (a raíz de la fuerte oposición vecinal registrada y de las resoluciones dictadas al respecto por el Concello), el teniente de alcalde y edil delegado de Urbanismo de A Estrada, Alberto Blanco, indicó al mediodía de ayer que la administración local enviará a técnicos municipales a inspeccionar la azotea en la que estaba instalada la antena para determinar si se completó la retirada del dispositivo -tal y como ordenaban los requerimientos del Concello- o si, por el contrario, como afirman los vecinos todavía quedan equipos pendientes de retirar.

Admitió Blanco que, aunque la retirada se realizó hace ya un mes, de momento los técnicos municipales no han acudido a inspeccionar la zona para constatar que la retirada de la polémica antena ha sido total, tal y como ordenaban los requerimientos municipales. A este respecto, cabe recordar que los vecinos aseguran que todavía quedan elementos de la estación base sin retirar y estiman que la empresa "le toma el pelo al Concello y a los vecinos", entendiendo además que "el Concello hizo dejadez de sus funciones" al no comprobar con personal técnico el cumplimiento de la retirada de todos los elementos que debían ser eliminados.

"Aun no dio tiempo" a hacerlo, indicó Blanco, en alusión velada a las dificultades que plantea la falta de personal técnico en departamentos municipales de tanta importancia como el de Urbanismo. Pero aseguró que esa comprobación será efectuada por los técnicos municipales para verificar que "se cumplió" el requerimiento de retirada "en todos sus términos". En caso contrario, aseguró "si queda parte de la instalación" todavía en el lugar en el que estaba, la administración local dictaría "un nuevo requerimiento de retirada de los equpos.

Asimismo, agregó que, en ese caso, también se valoraría la imposición de una nueva multa coercitiva, como la que ya le impuso el Concello a la firma de telecomunicaciones por hacer caso omiso de sus primeros apercibimientos de retirada.

La primera sanción coercitiva impuesta por el Concello a la citada empresa ascendía a 1.000 euros y fue recurrida por la empresa de telecomunicaciones propietaria de la antena que el Concelloentendía ilegal por no ajustarse a la normativa vigente al no cumplir con las condiciones urbanísticas contrempladas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

De momento, la administración local tampoco ha dado respuesta a ese recurso contra la multa coercitiva sino que el departamento jurídico municipal está estudiándolo para emitir luego la correspondiente resolución.

A pesar de todo, señaló Blanco, "si la ejecución de la retirada de la antena se quedó a medias", se intentará forzar que se complete y, por supuesto, cabe la posibilidad de imponerle a la empresa una nueva multa coercitiva.

A este respecto, cabe recordar que la plataforma vecinal -asesorada y representada desde el inicio del conflicto por el prestigioso bufete compostelano López Abogados, que encabeza Paulo López Porto- pidió en el escrito remitido la pasada semana a la administración local que se le impusiese a la compañía de telecomunicaciones que instaló la polémica antena de telefonía móvil una nueva sanción coercitiva cifrada en 3.000 euros. También solicitaba que -dado que la empresa está "dilatando los plazos" y "tomándole el pelo al Concello y a los vecinos afectados"- en futuras actuaciones "estén presentes técnicos del Concello" para supervisar todas las labores de retirada de los dispositivos de la antena.