Los partidos judiciales de Lalín y A Estrada, que se encargan de las comarcas de Deza y Tabeirós Terra de Montes, tramitaron durante el año pasado 66 denuncias, la misma cifra correspondiente al número de víctimas por esta causa, tal y como recoge el Consejo General del Poder Judicial. Esta cantidad supone un descenso con respecto a los dos períodos anteriores, que se habían contabilizado 111 denuncias en 2016 y 77 en el 2017.
De estas 66 denuncias, 42 se tramitaron en los juzgados lalinenses. Un dato importante es que por todos los casos en ambos juzgados se presentaron denuncia. En Lalín de ellas, 31 son mujeres españolas y 11 extrajeras y 31, presentaron ellas mismas las denuncias, mientras que nueve se dieron por intervención directa de la policía y se tramitaron dos por los partes de lesiones que fueron directamente recibidos en los juzgados. En A Estrada, la totalidad de las víctimas, 24, son mujeres españolas, cuatro de las denuncias fueron presentadas directamente por la víctima en el juzgado, otras ocho por ellas mismas tras el atestado policial, dos debido a la intervención policial y diez por los partes de lesiones.
Tras la formalización de las denuncias, los juzgados pusieron en marcha órdenes de protección y distintas medidas. En 2018, de las 22 órdenes de protección incoadas en las dos comarcas, en Lalín una decena fueron a instancia de la víctima y tres, del Ministerio Fiscal, mientras que las nueve de A Estrada, fueron cursadas por las afectadas. Esta cifra también presenta un descenso, ya que en el pasado año se había registrado 29, 16 en Lalín. Se adoptaron solo diez, seis en los juzgados de la capital dezana y cuatro, en los estradenses, y supone la mitad que en el período anterior y por lo tanto, quedaron una docena denegadas. Todos los hombres denunciados en A Estrada son de nacionalidad española, mientras que en los de Lalín fueron denunciados ocho españoles y cinco extranjeros. En cuanto a las víctimas, las nueves de A Estrada son españolas mayor de edad y las lalinenses, nueve también mayores de 18 años y españolas, y cuatro, extranjeras y mayor de edad. En los 13 casos de órdenes de protección incoadas de Lalín, entre el presunto agresor y la víctimas había una relación de matrimonio en tres casos, uno de exmatrimonio, cuatro de relación afectiva y cinco, de exrelación afectiva. Por su parte, en A Estrada, de los nueve, dos están casados, seis pertenecen a relaciones afectivas y una a una exrelación afectiva.
Haz click para ampliar el gráfico
Las órdenes y medidas de protección tienen como fin proteger la vida y la integridad de la víctima. En las medidas judiciales figuran: nueve de alejamiento, 10 de prohibición de comunicación, 11 son de naturaleza penal y un par de distribución de vivienda. El año pasado hubo cuatro medidas de alejamiento, otras cuatro de prohibición de comunicación y una de suspensión de tendencia de armas, algo que no se dio este año.
Los juzgados son los que tienen la última palabra y deben dictar si los hechos denunciados deben elevarse a los juzgados de lo penal para imponer la pena o por el contrario si se corresponden con indicios de delito. En los dos partidos judiciales se constataron 62 delitos de violencia sexista, de los que 42 se corresponde a lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, 14 corresponden a las del artículo 173 (todas en Lalín), una lalinense del artículo 148, cuatro contra la libertad (todas en A Estrada) y una en Lalín por quebrantamiento de medidas.
