La huelga de funcionarios que hubo entre febrero y mayo del año pasado dejó secuelas en la labor de los juzgados hasta meses después. Basta con comprobar el informe de la actividad de los partidos judiciales durante 2018, que difundió ayer el Consejo General del Poder Judicial.
Entre los juzgados de Lalín y A Estrada, a 31 de diciembre, quedaban en trámite 1.333 asuntos pendientes, que son 350 más de los que había a finales de 2017. Aumenta el volumen de procesos en trámite a pesar de que el año había arrancado con menos casos de atrás, 983 frente a los 1.050 de comienzos de 2017. Y también es cierto que durante este 2018 entraron 246 procesos nuevos menos, ya que son 3.266 frente a los 3.512 de 2017. Pero, como decíamos, entre los meses de parón y la falta de personal que acusan los juzgados desde hace tiempo, se resolvieron 681 asuntos menos. Son 2.917 casos sentenciados, frente a los 3.598 de 2017. Así las cosas, es normal que suban los procesos pendientes a finales de año.
La resolución de asuntos judiciales pasa por la publicación de decretos, autos y sentencias. Los decretos son actos de mero trámite para impulsar un proceso y que suelen dictar los secretarios judiciales, mientras que los autos resuelven incidencias (como la admisión o no de una prueba) y las sentencias son los fallos que despachan el asunto principal del litigio. Pues bien, entre las cuatro salas judiciales también caen las cifras en los tres tipos de actos. Así, se promulgaron 656 decretos, frente a los 872 de 2017, además de 1.334 autos (1.600) y 646 sentencias (795).
Una vez dictada sentencia (y si no es recurrible), los juzgados dan un plazo de cortesía para que la parte condenada asuma el fallo judicial. Si no lo hace, el juzgado despachará la ejecución, y además la otra parte dispone de un plazo de cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia para solicitar que se ejecute. Y las cifras dan, de nuevo, un ejemplo del colapso de la actividad judicial. A la hora de hablar de ejecución de sentencias, se registraron en total 453. Son menos que las 605 de 2017, pero como también se resolvieron menos, en concreto casi la mitad que en 2017 (382 frente a 726), la cifra desciende, pero muy levemente. Así, si a finales de 2017 había 2.758 sentencias en trámite, en 2018 son 2.555.
Datos por partidos
Si queremos ver los datos por partidos judiciales, el de Lalín es el que acumula mayor arrastre, dado el territorio que abarca. Inicia el año con 560 casos pendientes y lo cierra con 805, a pesar de que en esos 12 meses logró despachar otros 1.706 asuntos e ingresó 1.950. Pero es que las cifras de 2017 fueron mejores: había empezado con más casos pendientes, 593, y también resolvió más, 2.100, a pesar de ingresar también por encima, 2.065.
En cuanto a A Estrada, tampoco puede evitar cerrar el año con más casos pendientes de los que tenía al principio (528 y 423, respectivamente). Sacó adelante 1.211 y además ingresó otros 1.316 nuevos. Pasa lo mismo que en Lalín, que los resueltos son menos que los 1.498 de 2017, aunque también ingresase menos que los 1.447 de entonces.
