02 de marzo de 2019
02.03.2019

La CIG eleva a Inspección de Traballo y a dos consellerías la situación del SAF de Forcarei

Dice que los no dependientes quedan fuera de la libranza, que podría elevar el coste a 700 euros

02.03.2019 | 02:45

El secretario comarcal de la CIG en Pontevedra, Marcos Conde, elevó ayer a responsables de la Consellería de Traballo, de la Inspección de Traballo y de la Delegación Territorial de la Consellería de Asuntos Sociais en Vigo la situación del Servizo de Axuda no Fogar. Según explicó tras esta ronda de reuniones, a Traballo y a la Inspección de Traballo acudió por la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) enmarcado en el concurso de acreedores de Serinter, después de que la pasada semana concluyese sin acuerdo el período de consultas, de negociación entre dirección concursal de la empresa y la CIG como representante sindical del personal.

Explicó que la Inspección de Traballo -que tiene que informar previamente el ERE antes de que el Xulgado do Mercantil se pronucnie- le indicó que todavía no le ha llegado el expediente. Cuando le llegue, llamará a ambas partes para intentar que se produzca un acuerdo. Según Marcos Conde, "la propia inspectora reconoció que en cualquier forma" que se preste el servicio -mediante el Concello, a través de una empresa intermediaria o con la libranza voluntaria de usuarios que lo contraten- tendría que haber "una subrogación de la prestación del servicio" que supondría que el personal siga trabajando. "O se arriesga la empresa que entre a tener que indemnizarlas" y a "asumir la deuda de 120.000 euros con la Seguridad Social", apuntó.

A ello atribuye que el Concello pretenda cortar el servicio 6 meses,"para librarse" de la deuda. Pero dice que se trata de un "servicio vital" que no se puede suprimir sin graves consecuencias para los usuarios: una usuaria fue hallada ayer tirada en el suelo. Diceque Asuntos Sociais le indicó que si Forcarei apuesta por la libranza, 40 usuarios se quedarán sin servicio porque a ella solo podrían acceder los 29 dependientes. Explicó que el coste podría dispararse a los 700 euros, algo inasumible para muchas familias. Subraya que Concello y Xunta tienen responsabilidad porque, entre otras cosas, por no vigilar. Ya por la tarde, Conde explicó el contenido de las reuniones a las trabajadoras.

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