"No podemos municipalizar ni rescatar" el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) "como inconscientemente dijo la oposición, porque no es legal, ni tampoco podemos obligar a ninguna empresa a aceptar el concurso, así que vamos a tener que suspender temporalmente el SAF, buscando soluciones distintas para los usuarios, y esperar a que el juzgado determine la solución al concurso de acreedores y al ERE extintivo con los posibles despidos", explicó ayer la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, tras revelar que "mantuvo muchos contactos con trabajadoras" del servicio "en estas semanas, pese a lo manifestado por la CIG". Este sindicato y las trabajadoras en huelga volvieron ayer a concentrarse ante el consistorio, elaborando nuevas pancartas e iniciando el reparto de un folleto explicativo por los establecimientos comerciales de Forcarei.

"Puedo creer en la buena voluntad de muchas trabajadoras y que, como a mi, les importa nuestro SAF, pero creo que la CIG jugó y juega por sus propios intereses sin importarle ni los 70 usuarios ni los empleos de 15 personas. No les importa nada ni el SAF ni Forcarei y así lo llevan demostrando cuatro años, pero creo que le queda poco tiempo con esta historia", opinó. La regidora se pronunciaba así tras la reunión en la que el gobierno -salvo el edil Alejo Vidal, por motivos laborales- valoró la huelga en el servicio domiciliario emprendida el martes por trece trabajadoras, motivando que solo los 33 dependientes usuarios sigan teniendo servicios mínimos, equiparables a los de un día festivo (solo tareas de higiene personal, cambio de pañales y acompañamiento a una consulta médica o a la resolución de gestiones urgentes, sin labores domésticas).

La alcaldesa lamentó las molestias a los usuarios pero dejó claro que es ajeno al Concello aunque cause un grave perjuicio a un servicio municipal sin que se le pueda dar una solución. "Hicimos un concurso que ganó una empresa, Serinter, y pagamos puntualmente en los plazos más reducidos que permite la ley pero su gestión, que lógicamente fue mala y que desde el Concello no podemos controlar, provocó su quiebra y la apertura de un concurso de acreedores, dictaminado por un juzgado, que dice que la firma es inviable y que tiene que cerrar".

Aludió al nuevo concurso público convocado por el Concello "con el precio por hora más elevado de la provincia" señalando que la situación de la concursal y los conflictos que tenía con las trabajadoras motivaron que quedase desierto"."El nuevo concurso solo tuvo una firma aspirante pese a pagarse a 16 euros la hora cuando la mayor parte de los concellos se mueven entre 10 y 12 pero ni así quisieron cogerlo. ¿Por qué? ¿Por nuestra mala gestión? No. Ninguna empresa quiere asumir las deudas de la anterior, que fueron generadas por las tributaciones no realizadas por Serinter en Silleda y Forcarei", abundó, coincidiendo en ese punto con lo indicado el martes por la propietaria administradora de la empresa que ganó el concurso pero se niega a rubricar el contrato, Galáurea, Marta Blanco.

Donde la versión de la regidora diverge de la manifestada por la empresaria es al manifestar Cachafeiro que lo que le trasladan las firmas del sector es que "no quieren subrogar los contratos de estas trabajadoras por el clima irrespirable y la presión que ejerce el sindicato", que es quien representa a la mayoría; en tanto que Marta Blanco se había mostrado agradecida a la CIG por mostrarle "la realidad de las cosas". Y aunque no quiso pronunciarse sobre la sanción de 30.000 euros anunciada a Galáurea,Cachafeiro señaló que el Concello se limita a ajustarse a la legalidad.

La munícipe también criticó que el responsable de la CIG en la zona, Antón Álvarez Merayo, diga que la huelga seguirá hasta que despidan o readmitan a las trabajadoras. Cree que las lleva "a un callejón sin salida": "Si no hay ninguna empresa que quiera coger el servicio, ¿quién las va a readmitir? Pues nadie, porque la reclamación constante de la CIG de convertirlas en funcionarias, que fue lo que el sindicato le prometió a las trabajadoras, es ilegal y como alcaldesa no pienso ir al juzgado por ningún delito y menos por una situación inducida por la CIG".

Por su parte, el PSOE anunció ayer que exigirá hoy explicaciones en el pleno sobre la "situación límite" del SAF, que tiene a los usuarios "de libre concurrencia sin servicio". Crítico con que la alcaldesa no atendiese su "propuesta de una junta de portavoces la pasada semana", dice que "no se sentó con las trabajadoras a hablar" y que "al reducir la problemática a un problema laboral pensando que así ganaba tiempo", lo "único que consiguió es que pierdan los usuarios, las trabajadoras y el Concello". Ve un "cúmulo de errores" desde 2015, "cuando se genera la primera deuda empresarial, que el gobierno local no fue capaz de atajar porque prefirieron priorizar los intereses económicos sobre la estabilidad y viabilidad del servicio". Con la "dramática situación actual" señala "la dificultad en la que ahora el gobierno local deja a las 14 trabajadoras al borde del despido". Entiende que "las perjudicó con su falta de diálogo y buscando la confrontación sindical y política con un problema de gestión". Dice que el PP siempre rechazó su ofrecimiento de "diálogo y consenso".Espera que "la alcaldesa y la trabajadora social se sienten con la otra parte" para "buscar una solución que evite la suspensión del servicio a los usuarios" además del "despido de 14 vecinas en lugar de esperar una resolución judicial que no tiene garantías de arreglar la situación".

El edil del BNG, Roberto Jorge Correa, denunció ayer que la Alcaldía le niega la documentación relativa al SAF que solicitó. Ve a la alcaldesa "responsable directa" de una deuda "que los últimos informes sitúan en cerca de 170.000 euros" y exige al PP el cese de Belén Cachafeiro, "si ella no es capaz de dimitir".