"Ni voy a firmar ese contrato ni mucho menos voy a pagar 30.000 euros por no firmarlo", aseguró ayer la propietaria administradora de Galáurea, Marta Blanco, en relación a la sanción que le anunció el Concello después de que se negase a firmar el contrato de prestación del SAF en Forcarei, tras conocer que hacerlo implicaría la subrogación de la deuda de 87.000 euros acumulada por las dos anteriores adjudicatarias del servicio con las trabajadoras
Quiso dejar claro también que "la CIG en ningún momento nos asustó". Quería que cogiese el servicio pero le informó de a cuánto ascendía la deuda y "de la realidad de las cosas", que asegura que desconocía por completo cuando concurrió al concurso. Ni en el pliego ni en el Concello, afirma, le informaron de lo que sucedía. "Cuando supimos que éramos los únicos que habíamos presentado propuesta, al equipo jurídico de esta empresa le chocó y empezó a hacer averiguaciones". "Por parte del Concello siempre se nos dio una información sesgada y que no estaba completa. Se nos dijo que solo había una pequeña deuda de 15.000 euros de Serinter" pero a esta aun había que sumar la acumulada por la adjudicataria anterior, hasta sumar los 86.000 euros citados. Al saber que desde noviembre hay jurisprudencia y doctrina jurídica que obliga a subrogar esas deudas se lo comunicó al Concello. Dice que la alcaldesa le había "envió sentencias obsoletas para ver si yo no era conocedora de esas sentencias y firmaba". Pero no lo hizo. Subraya que por su parte "no ha habido ni mala fe" ni "ocultación" de "ninguno de los pasosdel tiempo en el que hubo comunicaciones con el Concello". "Defenderé mi postura ante quien sea", subraya, destacando que llegó a lproponerle a la alcaldesa "negociar" esa deuda "para que no tuviese que asumirla yo toda ni el ayuntamiento se fuese de rositas". Se negó. "Las cosas se pueden resolver de muchas maneras pero no buscando un primo al que venderle el problema que ella misma ha gestionado", remarcó.
