El secretario de la CIG en AEstrada, Antom Álvarez Meralho, advirtió en la tarde de ayer en rueda de prensa que, a menos que el Concello busque una salida a la difícil situación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Forcarei, sus trabajadoras emprenderán una movilización con apoyo de la CIG, a quien han confiado su representación sindical la mayoría de las 16 trabajadoras del servicio.
En concreto, Meralho anunció el reparto masivo de panfletos en establecimientos públicos de Forcarei y Soutelo de Montes para informar a la ciudadanía de cuál es la situación.
Al respecto, indicó que la empresa que venía prestando el servicio entró en concurso de acreedores en octubre, después de que la CIG ya denunciase en agosto que podía suceder. Había tenido problemas y demandas en años anteriores, recordó Meralho, como el conflicto que tuvo lugar en Silleda, adeudándole salarios a los trabajadores y cuotas a la Seguridad Social, al igual que en Forcarei. La situación era insostenible, relató Meralho y, finalmente, en octubre entró en concurso de acreedores, sin que el Concello de Forcarei hubiese impulsado la licitación del servicio como se le venía demandando. Dado que "fue a la quiebra", explicó, entró un administrador concursal y, de acuerdo con el Concello, acordaron "mantener abierta la empresa en falso" para dar tiempo a la administración local a licitar un nuevo concurso, manteniendo mientras el servicio. "Aceptamos", relató Meralho y "casualmente a los dos días" de haberle exigido una solución al Concello con una concentración de trabajadoras, el Concello "anunció el concurso con el precio más alto de la provincia".
Pero esto fue insuficiente para resolver el problema. Las deudas acumuladas por Serinter hicieron que la única firma aspirante al nuevo concurso y adjudicataria del mismo -Galáurea, que también lleva otros concellos como Lalín a un precio muy inferior al que cobraría en Forcarei- no presentase la documentación necesaria para hacerse cargo del servicio, argumentando que sus abogados se lo desaconsejaban porque la jurisprudencia ha abierto la puerta a que la empresa entrante pueda ser condenada subsidiariamente a asumir las deudas que dejó la anterior. Al no presentar esa documentación, el concurso se quedó desierto. En esta situación, a la que se llegó "porque hasta ahora el Concello pasó de todo", apuntó Meralho, ""¿quién va a querer coger el servicio?"
Surge así, según la CIG, el problema de que "la empresa tiene que cerrar" y el Concello no podrá contratar a otra para prestar el servicio. "Nosotros denunciaremos a la que lo coja" si no asume el personal actual que presta el SAF en Forcarei, apuntó, y "si se cae el servicio" -entre que se saca de nuevo a concurso, se resuelve y se determina cómo queda la deuda pendiente- "podrían pasar 6 meses" sin un servicio que atiende a 70 usuarios.
El personal del SAF y la CIG quieren evitarlo. Por eso, aseguró Meralho, el lunes acudieron a una reunión "medio clandestina" que convocó el administrador concursal en el Concello de Forcarei sin que se hiciese a través del juzgado, como debería haber hecho. Asegura que les planteó la posibilidad de alargar el plazo de negociación con Concello de los 15 días que contempla la ley para el ERE de extinción a dos meses. "Nos dijo que pusiésemos fecha límite para la extinción de los contratos", afirmó. Pero ello implicaría que las trabajadoras "reconozcan que tiene que haber despido" cuando "no es así: no es una empresa que cierra, es un servicio que tiene que continuar. No vamos a poner fecha al despido. Queremos mantener el servicio" por "responsabilidad social" y "los trabajos".
Asegura que intentó hablar con la alcaldesa Belén Cachafeiro pero que esta "escapó en el ascensor". "No vamos a aceptar despidos y si esto cae hay setenta usuarios afectados" (fundamentalmente dependientes y mayores). Dado que para cerrar Serinter -que le adeuda 15.000 euros al personal y unos 140.000 a la Seguridad Social por los SAF de Silleda y Forcarei-tiene que ir a un ERE de extinción cuyo plazo máximo son 15 días, Meralho solo ve como posibles soluciones que el Concello haga un contrato menor con una empresa que asuma el personal o bien municipalizar el servicio.
Ante la "falta de comunicación" con el Concello -al que Meralho culpa de "no informar a nadie"- se planteará una movilización: el reparto masivo de panfletos informativos, otra concentración e incluso "una huelga medida" que afecte lo menos posible a los usuarios.
