La Asociación Profesional de Recicladores de Residuos de Construcción y Demolición de Galicia (Arcodega) puso el viernes en conocimiento de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y de la Delegación Provincial de Pontevedra de esa misma consellería lo que considera una "actividad presuntamente ilegal de gestión de residuos de construcción y demolición" en la obra de remodelación y ampliación de la alameda de A Estrada. El director de Comunicación en Galicia y en Madrid del colectivo -que forma parte de un lobby del sector de residuos de la construcción y demolición con representación en Madrid y en Bruselas- salía así al paso de las declaraciones realizadas por el alcalde José López Campos después de que Móvete desvelase que Arcodega le había llamado y le había anticipado que iba a denunciar la gestión de residuos que se estaba efectuando en la obra de ampliación de los jardines. Para el alcalde resultaba "raro, extraño, difícil de entener" y "hasta sospechoso" que Arcodega, en lugar de contactar con el Concello para pedir unas explicaciones que no tendría inconveniente en darle, hubiese llamado a la oposición. López Campos agregaba también que todos los restos de la demolición fueron trasladados a la parte posterior de la alameda a la espera de que en unos 15 días Medio Ambiente de la Xunta autorice a Copcisa -empresa adjudicataria de las obras, a la que en su día se le valoró estar autorizada para realizar una "gestión de residuos cero"- a traer una máquina para demoler dichos residuos y hacer áridos que luego se usarán de relleno para las zonas de pavimento duro de la alameda.
Pues bien, al respecto, Arcodega indica que no consultó a Móvete sino que lle llamó a raíz de las noticias publicadas en prensa sobre su denuncia "para conocer el alcance, ubicación y datos" para el "envío de técnicos para verificar" la "gestión ilegal" y realizar la oportuna "denuncia". Y dice que así lo hizo. Arcodega asegura haber desplazado "al lugar a sus técnicos" para verificar "el enterramiento de escombros a lo largo de dos semanas sin tratamiento alguno", lo que considera "ilegal", así como el "acopio de otra cantidad similar" que "hasta la fecha" estaría "sin tratar" pero que, a diferencia del primero, "no requiere apenas tratamiento ya que tiene una presencia escasa de férricos y otros".
Admite que no llamó al Concello. "¿Para qué? ¿Para que nos informe de que está actuando en fraude de ley?", se pregunta. Entiende que el alcalde -por quien dice tener "muchísimo respeto"- demuestra ser "una persona absolutamente indocumentada" mientras que Arcodega lleva "20 años de denuncias a sus espaldas" habiendo generado "el 95%" de ellas "un expediente sancionador". "No tenemos por costumbre informar al infractor antes de comunicar la infracción a la autoridad. Sería improcedente". "Nada pues que consultar a un ayuntamiento incumplidor de la norma", agrega, ofreciéndose a "sacar a la Alcaldía del error de interpretación que le ha llevado a saltarse la normativa en vigor".
Después de llevar 15 días fotografiando cómo se trataban los residuos, apunta, puso en conocimiento de la Xunta lo que estaba ocurriendo.
En concreto, en el escrito que ha remitido a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático y a la Delegación Provincial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente indica que "se ha comprobado" que "en los terrenos adyacentes" al ayuntamiento estradense "se viene realizando una obra de extracción de pavimentos pétreos, aglomerados y fresados asfálticos (parte frontal de la casa consistorial) y creación de una nueva explanada (parte trasera de la misma) con destino a zona ajardinada y de esparcimiento, a la que son trasladados los citados escombros". Añade que de ahí "han partido un reducido grupo de camiones, con grandes bloques de granito ornamental y otros materiales pétreos, procedentes de la balaustrada de la plaza preexistente, sin destino conocido (no así de su pavimento)" sin que "en apariencia "ninguno de estos vehículos" haya trasladado Residuos de Construcción y Demolición ni Industriales (RCD, RNP)."
Agrega que, de acuerdo con la "verificación catastral", al terreno en el que se están ejecutando las obras "le corresponde uso equipamiento municipal, no estando autorizada para actividades de gestión de residuos ni para su eliminación". Asimismo, incide en el que "en el interior de la parcela trasera no se ha utilizado maquinaria (planta móvil) para la gestión de los materiales extraídos y allí depositados, habiéndose constatado únicamente la presencia de camiones de escombro y tierra que reciben máquinas (palas), con las que se extiende y entierran los residuos recibidos y las tierras (estas llegadas del exterior del recinto)."
Acto seguido, remarca que "la obra es de titularidad y promoción municipal" y que la ejecuta Copcisa S.A. subrayando que "hasta la fecha alrededor del 50% del material extraído ha sido ya enterrado sin proceso alguno de separación ni valorización, siendo especialmente evidente la presencia de varillas férricas y plásticos entre el material enterrado"
"En la zona no ha operado, hasta el día de la presentación de esta denuncia, maquinaria alguna de tratamiento de residuos de construcción y demolición ni empresa externa con tal autorización (Sirga)", hace notar, para luego denunciar que "mediante esta práctica se está incumpliendo la normativa relativa a la correcta gestión de los residuos, según la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados".
A juicio de Arcodega, "los hechos denunciados" también "vulneran" los artículos 5.3 y 11.1 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, que obligan a entregar los RCD a un gestor autorizado que le proporcione documentación fehaciente de ello (y en su caso "el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos") y prohíben "el depósito en vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo". Entiende que el "productor y el poseedor de residuos", en este caso, también estarían vulnerando la Ley 22/2011 de 28 de julio en su artículo 17 (que obliga a encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante" o a una empresa registrada de acuerdo con la ley" y el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero en sus artículso 4.1,c y 5.2, que obligan al Concello como titular de la licencia urbanístia a tener documentación acreditativa de que los residuos han sido gestionados en obra o entregados a una instalación de valoriazación o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizados y a Copcisa por ejecutar la obra de construcción o demolición a -si no procede a gestionarlos por sí misma- entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión".
Inspección de la Xunta
Arcodega espera que, tras su denuncia, la Xunta envíe un inspector para comprobar lo sucedido. Y entiende que al alcalde solo le quedan dos opciones: o bien desenterrar lo que haya enterrado y tratarlo además de "poner una planta móvil de reciclaje de RCD -una machacadora- separando de él elementos no reciclbles como "plásticos y metales de diverso tipo, sobre todo, procedentes del encofrado de la obra que han sido enterrados y cubiertos de una capa de tierra vegetal" o bien "espèrar a que la Xunta le comunique el expediente sancionador" y luego afrontar esa "sanción". "Aun están a tiempo de rectificar", apunta Arcodega. De lo contrario "nos veríamos obligados a darle traslado al Seprona", concluye.
