El concejal no adscrito de Lalín ha dado orden a su abogado de remitir a la fiscalía toda la documentación relacionada con el contrato de la reestructuración de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y las "posibles irregularidades" detectadas en la misma. Juan José Cruz quiere que sea la justicia la que dirima "si existen comportamientos ilegales en este proceso". Su letrado cree que "hay muchos indicios de un presunto delito de prevaricación" por parte del alcalde, Rafael Cuíña.
Los informes emitidos por Secretaría e Intervención en los primeros meses de 2018 detallaban la falta de constancia de que el trabajo entregado "se corresponde directamente con lo contratado", además de cuestionar que se suscribiese un contrato menor. Alude Cruz a que el alcalde había "conformado" las facturas al abogado "meses antes de que se entregasen los trabajos", algo que, según su versión, solo se hizo cuando la oposición denunció "irregularidades". "Los trabajos se entregaron en febrero cuando el contrato había finalizado en septiembre del año anterior, y no se corresponden con lo contratado", insiste.
