El concejal no adscrito de Lalín ha dado orden a su abogado de remitir a la fiscalía toda la documentación relacionada con el contrato de la reestructuración de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y las "posibles irregularidades" detectadas en la misma. Juan José Cruz quiere que sea la justicia la que dirima "si existen comportamientos ilegales en este proceso". Su letrado considera que "hay muchos indicios de un presunto delito de prevaricación" por parte del alcalde, Rafael Cuíña.

"No está dispuesto a "dejarlo pasar", máxime después de que en los últimos días el juzgado derivase a la fiscalía la querella de Cuíña contra él "por un tema muchísimo menos grave". Aquella denuncia, formulada en diciembre de 2017, atribuía al edil un posible delito de injurias por decir que el regidor había cancelado cuentas en Bankia para trasladarlas al Banco Sabadell, en donde trabajan familiares suyos, cuando no consta ninguna cuenta municipal en dicha entidad. También aludía a una supuesta amistad con el empresario José María Farto, indicando que había asistido a su boda, e insinuando amiguismo en un contrato con Acciona.

Los informes emitidos por Secretaría e Intervención en los primeros meses de 2018 detallaban "una serie de irregularidades" tanto sobre el proceso de tramitación, al cuestionar la elección del contrato menor, como, "lo que es más grave", sostiene, ante la falta de constancia de que "el trabajo entregado se corresponde directamente con lo contratado". Alude Cruz a que el alcalde había "conformado" las facturas al abogado "meses antes de que se entregasen los trabajos", algo que, según su versión, solo se hizo cuando la oposición empezó a denunciar "irregularidades". "Los trabajos se entregaron en febrero cuando el contrato había finalizado en septiembre del año anterior, y no se corresponden con lo contratado", insiste el concejal.

Tras un estudio de la documentación, concluye que "semeja un burdo intento de justificar los pagos que se realizaron, pero para nada se corresponde con lo encargado". "El gobierno, presuntamente, quiso contratar una aistencia legal y le dio forma de un servicio que no se cumplió", apunta, al tiempo que deja en manos de la fiscalía "analizar si alcalde y abogado eran amigos o no".

"Nunca estuvo en mi intención judicializar la vida política, pero no hay vuelta atrás, Cuíña así lo quiso", sentencia. Y avisa a "navegantes" de que ahí no quedará la cosa, sino que "continuará".