Dos sentencias dictadas por el Xulgado do Social Número 3 de Pontevedra le dan la razón a las siete trabajadoras de Pescados Carbia S.L. a las que la firma estradense comunicó su despido en mayo del pasado año 2018 y condena a la empresa a indemnizarlas y pagarles diversas cantidades hasta sumar un importe que supera los 300.000 euros.

La primera de las sentencias -dictada el 29 de octubre- declara nulo el despido que les fue comunicado por carta entonces -aduciendo para ello la empresa causas objetivas de índole económica atribuibles a las "grandes infraestructuras y costes fijos" y a la "incursión de la venta de pescados y mariscos en supermercados a precios muy bajos" que motivaría que "los márgenes comerciales" fuesen "muy reducidos"- y declara, además, la extinción del contrato que las unía a ella, solicitada por las exempleadas ante la imposibilidad de ser readmitidas en su puesto de trabajo dado que la empresa despidió a las 11 trabajadoras de su plantilla con escasos días de diferencia. Además, en este fallo judicial se condena a Pescados Carbia a abonarles a sus extrabajadoras en concepto de indemnización y salarios de trámite devengados hasta la fecha de la resolución judicial un total de 240.234,84 euros.

Una segunda sentencia -dictada el pasado 26 de diciembre- condena a la empresa a abonarle a las trabajadoras 61.447,06 euros más un 10% de interés moratorio.

Aunque ambas sentencias permitían interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el secretario de la CIG en A Estrada, Antom Álvarez Meralho, indicó q ue ya ha concluido el plazo otorgado para ello sin que le conste que haya ocurrido. Por su parte, fuentes de la empresa consultadas ayer por FARO declinaron realizar declaración o valoración alguna respecto de las sentencias.

Sí quiso pronunciarse Meralho, indicando que son "demandas de gran importancia", Señaló que cuando en junio "se hacía público el cierre de la mercantil, la firma lo atribuyó "a la jubilación de su gerente y a la merma de ventas, obviando lo que ya era una realidad": "la deuda que esta empresa tenía con la Seguridad Social por incumplimiento en los pagos de las nóminas de las trabajadoras de las célebres pescaderías estradenses".

Señaló que la Inspección de Trabajo ya le reclamaba entonces 140.000 euros "en concepto de pagos indebidos en las bases de cotización en la plantilla de 4 años atrás". Incidió en que la mayoría de la plantilla decidió "reclamar las diferencias salariales" que les "adeudaba" por "incumplimiento del convenio en cuanto a las cantidades económicas reconodidas en las tablas salariales pactadas en el mismo". Consideró que entonces "la mercantil puso en movimiento la vergonzante maquinaria para cerrar la empresa" y evitar hacerse cargo "del salario de sus operarias", algunas de las cuales trabajaban en ella "desde hacía décadas".

"La única propuesta de la empresa para que las operarias no montasen líos", aseguró Meralho, "era hacerse cargo de la última nómina en la cantidad que estos pagaban desde hacía años, muy por debajo de lo estipulado por ley, obviando atrasos salariales, actualizaciones de nóminas e indemnizaciones, achacando este ofrecimiento a que nada más podían reclamar las trabajadoras". "Esta era la mísera propuesta que hacía la patronal al conjunto de una plantilla que fidelizó la clientela y ofreció horas extras a cambio de nada, en defensa de un puesto de trabajo durante años", opinó. Lo atribuye a la "falta de vergüenza de una patronal que embolsó como beneficios durante años lo que tenía que haber sido parte de la masa salarial de sus empleadas. Dinero robado a mantenta a un grupo de mujeres trabajadoras, bien conocidas por la ciudadanía estradense, pues eran estas la cara pública de la empresa, no su gerencia".

Agrega que "por suerte, a día de hoy, la Justicia le da la razón a las trabajadoras con sendos fallos a favor de las demandantes", que condenan a Pescados Carbia a "pagar las diferencias salariales apropiadas indebidamente y reconocen el despido de las trabajadoras como ilegal y por tanto improcedente condenando a la empresa a hacerse cargo de las indemnizaciones".

Sin embargo, estima Meralho que "tras el desmantelamiento de la empresa durante el desarrollo del proceso legal, posiblemente poco quede que rascar para recuperar estas cantidades que, en gran parte, se hará cargo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

"Pero para las trabajadoras quedará siempre la agriculce sensación de victoria que le reconoce la Justicia frente a una patronal que, queriendo ir de digna, termina su andadura con la careta fuera, y donde se presumía de empresarios ejemplares sólo había mentiras, incumplimientos de la ley y enriquecimiento ilícito", concluye.