El alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, indicaba ayer que desde el Concello se habían remitido escritos a la Delegación del Gobierno y a la concesionaria de la autopista y que estaban estudiando "distintas vías". En todo caso, el regidor municipal cree que la Valedora do Pobo debería entrar en esta cuestión, así como las oficinas de consumo, para que se tomen todas las medidas y se abra una vía para que puedan reclamar todos los usuarios que pagaron más de lo que debían.

Cuíña habla de "inoperancia" por parte de instituciones que debían estar pendientes de este tipo de cuestiones, y menciona a la Xunta de Galicia, a pesar de la que la AP-53 es competencia de Fomento. "No están a la altura de las circunstancias, vigilando lo que tenían que vigilar". No cree el alcalde lalinense que lo ocurrido con los sobreprecios haya sido "una cuestión excepcional", sino que sostiene que "es una estafa, no sé si con dolo o con culpa", y que "afecta a la competitividad de particulares y de empresas de Lalín, así como a las de otros polígonos".