A lo largo del año pasado, los órganos judiciales de la provincia subastaron bienes por los que se pagaron en torno a 25,4 millones de euros, tal y como se desprende de los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial. Esos 25,4 millones suponen 5,4 millones más que los ingresos por subastas en 2016. Fueron, en total, 399 licitaciones, pero en realidad sólo 162, es decir, el 40,6% del total, recibieron ofertas. Así las cosas, seis de cada diez pujas se cierran sin ningún postor. El portal de subastas del Ministerio permite pujar por internet desde hace dos años. El único requisito para poder participar es realizar un depósito del 20% del precio con el que la propiedad sale a subasta. Una vez que el licitador se convierte en adjudicatario de un determinado lote, tiene que firmar el acta de la subasta y pagar el resto del precio de adjudicación en los 15 días siguientes. En caso de que no abone el precio acordado, no solo pierde el depósito, sino que también queda automáticamente anulada la adjudicación. Al anularse, el bien o lote en cuestión puede adjudicarse al segundo postor, siempre que éste manifieste su intención de mantener la oferta y ésta no sea inferior en más de dos tramos a la que resultó impagada. A día de hoy, en el portal de subastas están activas en toda la provincia otras 18 subastas, de distintos bienes, al margen de la de Campomarzo.