Los populares de Silleda consideran "gravísima" la actitud que, según vecinos del lugar de O Curro, mantuvo el teniente de alcalde, Klaus Brey, con las personas que decidieron alegar contra la explotación porcina que va a construir en Fonte do Couto. El portavoz del PP, Ignacio Maril, asegura que "se trata más de un comportamiento mafioso que del de un representante de los vecinos. No es la primera vez que nos llegan rumores de este tipo de actitudes, e incluso de otras más graves que estamos pendientes de confirmar en relación con las actividades del concejal".

La tramitación de la licencia para la explotación desató la polémica entre vecinos de O Curro, por la proximidad a las casas (está a 112 metros de la más cercana, con lo que cumple el límite de 100), y también entre los partidos de la oposición. El PP insiste en que desde el gobierno local se le sigue denegando el acceso al expediente de solicitud de licencia para la explotación, "lo que podría impedir la presentación de cualquier tipo de recurso contra la misma". En este punto, Maril recuerda que los expedientes de urbanismo son de carácter público para que cualquier interesado pueda consultarlos y formular las alegaciones que considere. Reitera, una vez más, que no puede denegarse el acceso en base a la Ley de Protección de Datos, porque "en casos de obras de licencia mayor esos datos incluso tienen que figurar en los carteles de las propias construcciones para que la gente los conozca".

Seis meses de trámites

El portavoz popular quiere hacer hincapié en "la valentía de los vecinos que hacen públicas estas actitudes del edil", a la vez que los anima a no dejarse pisotear por "estas conductas caciquiles más propias de otras épocas". Los vecinos aseguran que sufrieron presiones de Brey y de familiares desde que se postularon en contra de la explotación que, por otra parte, cuenta con informes favorables y no puede considerarse una macrogranja. Los trámites para obtener la licencia arrancaron ya el 17 de abril, y el permiso se expidió seis meses después, el 11 de octubre.

Mientras el gobierno trasdezano declinó hacer declaraciones sobre estas presuntas presiones a residentes en dicha aldea de Cira, el PP concluye anunciando que piensa recurrir la denegación "injustificada" de acceso a la información, al tiempo que quiere ponerse del lado de los trasdezanos y añade que "nadie puede pasar por encima de los vecinos, y no vamos a permitir que esto suceda".