Dentro de las actividades conmemorativas del 25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género, el Sindicato Labrego Galego organizó ayer en Lalín una jornada sobe la violencia sexista, los roles de género en el agro o la soberanía alimentaria. Por espacio de dos horas, los participantes (la sesión estaba en principio orientada a afiliadas, pero podía asistir cualquier vecino), pusieron en común ideas sobre la conciliación, la igualdad de género y las diferencias que supone vivir en el rural o en un entorno urbano a la hora de alcanzar las dos premisas anteriores. Esta jornada ya se puso en marcha en otras localidades de la comunidad y continuará en diversos puntos durante las próximas fechas.

A la jornada acudió la responsable de la Secretaría das Mulleres de esta organización sindical, María Ferreiro. Deja claro que todavía queda mucho camino por andar a la hora de derribar el techo de cristal para las mujeres que se dedican a la agroganadería. Para ello, basta con ver los resultados de la Ley sobre la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. La norma se publicó en el BOE el 4 de octubre y entró en vigor tres meses después. Por aquel entonces, el Ministerio de Agricultura calculaba que unas 30.000 mujeres de toda España se acogerían a la normativa y tramitarían la cotitularidad de sus granjas. A día de hoy, los resultados distan, y mucho, de esas previsiones: en todo el estado se tramitaron 427 solicitudes, y en Galicia sólo 18. Parte de la culpa de esta escasa repercusión se debe a la desinformación pero también a que "para lograr la cotitularidad se precisa la firma de la otra persona, y a veces por dejadez no se cumplen estos trámites", apunta Ferreiro.

Pero escasa repercusión de esta ley no es la única traba para lograr la igualdad de género. En muchos casos, la mujer que trabaja en una explotación carece de ingresos que consten a su nombre, lo que las coloca en una total vulnerabilidad económica. Y de la misma forma que sigue siendo raro que figuren dos nombres como titulares de una explotación, igual de infrecuente es que ellas acudan a las reuniones de las cooperativas de la que forma parte su explotación o que monten ellas mismas una cooperativa. Y todo esto, a pesar de que "las mujeres son las que participan en los mercados locales y en los procesos de transformación".

Durante la sesión de ayer en Lalín, los participantes abordaron cuestiones como la violencia de género. María Ferreiro apunta que no se trata de saber si hay más o menos casos de violencia sexista en el rural que en el ámbito urbano, sino de ser conscientes "de que hay unas circunstancias específicas que dificultan la salida de esta situación", precisamente por esa dependencia económica, pero también por el aislamiento social y la despoblación a la que se ven abocadas cientos de aldeas de la comunidad gallega. "Es mucho más difícil dar el paso para abandonar una situación de este tipo", recalca la representante del SLG.

Servicios y rentabilidad

En cuanto a la conciliación, es evidente que se torna aún más complicada para las mujeres que deciden vivir en el rural. Las políticas actuales de las administraciones tienen como guía criterios económicos, por los que deciden que hay zonas en las que no resulta rentable disponer de servicios como escuelas infantiles o un centro de día para mayores, dos dotaciones que alivian labores que tradicionalmente recaen sobre las mujeres. "Y, en caso de que existan estos servicios, suelen estar a bastantes kilómetros", ubicándose en los cascos urbanos del municipio o incluso solo en las cabeceras comárcales.

En este punto, Ferreiro carga contra esas políticas basadas solo en la rentabilidad, cuando en su lugar, "al hablar de un mundo rural vivo, deberían pensar en un todo. N se trata solo de fomentar la natalidad en el rural, sino también de que una familia pueda vivir en él en condiciones dignas". Es la única forma de frenar el éxodo progresivo hacia zonas con más servicios para la conciliación.