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Evolución del sector del ladrillo en la capital dezana

Lalín encadena tres años de subida de ingresos en el impuesto municipal de construcciones

-El Concello cerró el pasado ejercicio con una recaudación de 272.400 euros, un 70% más que el precedente -Pese a la recuperación los datos están todavía muy lejos de los 1,6 millones obtenidos por el ICIO en 2006

La actividad del sector de la construcción es uno de los termómetros que sirven como mecanismo para conocer la situación de parte de la economía. Este recurso, desde hace años, ya no puede interpretarse en los mismos términos que en los años de la frenética actividad del ladrillo y Lalín es un buen ejemplo. Prueba de ello son los más de 1,6 millones de euros que llegó a ingresar la administración municipal en 2006 del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en los tiempos en los que la grúas se contaban por decenas y cuando el crecimiento de la trama urbana estaba directamente ligado al levantamiento de edificios y cientos de viviendas.

Solo entre 1999 -año de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal- y 2013 el Concello concedió licencia para la construcción de 200 edificios y casi 2.600 viviendas, además de otros 313 hogares unifamiliares. No obstante, entre 2011 y 2013 solo se levantó un edificio, precisamente en este último año. Los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria eran claramente perceptibles en un municipio en el que la construcción era uno de sus principales activos económicos, hasta que frenó en seco, dejando miles pisos a estrenar vacíos, urbanizaciones inacabadas y un desplome del precio de la vivienda. La moderación de este sector se constató, tanto en una caída en la concesión de licencias municipales para edificios como en los ingresos en este tributo.

Si tomamos como referencia los últimos diez años, a las arcas municipales llegaron algo más de 3,5 millones de euros. En 2007, cuando la crisis comenzaba a golpear la comarca, el Concello todavía obtuvo unos ingresos por el ICIO más que importantes, con 971.000 euros, cuantía que cayó hasta los 691.000 doce meses después. El primer descalabro se hizo palpable en 2009, cuando el impuesto de construcciones ni alcanzó ya los 300.000 euros, con un ligero repunte en 2010. A partir de ahí los números ya se movieron muy por debajo de los años de mayor dinamismo del ladrillo. 2011 fue, hasta la fecha, la anualidad más crítica, una vez que este tributo repercutió en las cuentas municipales un total de 166.000 euros y, como había ocurrido con anterioridad, en 2012 se produjo otro repunte en la actividad al alcanzarse unos ingresos de 233.000 euros. Ya en 2013 los balances fueron pírricos en comparación con otros ejercicios, obteniendo el ayuntamiento un promedio mensual de poco más de 8.200 euros. En 2014 hubo otro salto importante, pues el Concello liquidó por el tributo de construcciones y obras exactamente 239.231 euros. Pero ya a partir de ahí el descenso fue una constante. Las cuentas municipales de 2015 se cerraron con una recaudación de tan solo 73.143 euros, que se incrementó hasta los 159.722 en las del año siguiente cerrado. Los últimos datos, correspondientes a la liquidación de los presupuestos del año pasado, indican que las transferencias alcanzaron los 272.481 euros; es decir, un 70% más que durante los doce meses anteriores. La mejora, aunque lenta, no es ni mucho menos comparable a los 6,2 millones del ICIO que recaudó el Concello en el decenio comprendido entre 2005 y 2015. Como indicábamos con anterioridad, entre 2007 y el pasado 2017, los ingresos fueron de 3,5 millones; es decir, prácticamente la mitad menos.

Ordenanzas municipales

El pago del ICIO es de obligado cumplimiento para los particulares que solicitan licencia para una construcción y su valor está fijado en las correspondientes ordenanzas municipales, aplicando un porcentaje sobre el importe del proyecto a ejecutar. En el caso de Lalín es el 3% desde hace años, un punto porcentual por encima de A Estrada. En Silleda el tipo es del 4 por ciento, mientras que en Vila de Cruces es idéntico al de la capital dezana y también el mismo que tiene en vigor Dozón. En Rodeiro es el 2% del valor del proyecto para el cual se solicitó la autorización en el ayuntamiento y el 2,4 en el caso de Agolada.

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