El portavoz del PP de Lalín, José Crespo, encuadra el retraso en la tramitación de la cuenta general y el hecho de tener que volver a convocar la Comisión de Cuentas -volverá a celebrarse el próximo 7 de diciembre- como "un episodio más en el caos administrativo en el que vive instalado el ayuntamiento desde la llegada al gobierno del equipo de Rafael Cuíña".

Indica que en la sesión de la comisión especial del día 19 la oposición pidió la retirada de la cuenta general al no respetar los períodos marcados en la Ley de la Administración Pública de Galicia, que marca una antelación de 15 días naturales en la entrega de la documentación de las cuentas municipales antes de la celebración de la comisiones, cuando en esta ocasión solo dejaron pasar 3 días, con dos inhábiles de por medio. Una situación "irregular", en el que a la forma se refiere, de la que alertó la secretaría municipal en su informe de las cuentas y que dejaba "a las claras la chapuza del gobierno en el proceso de aprobación del documento económico más importante del ayuntamiento, una vez no se presentan presupuestos ".

"No es de recibo, en un equipo de gobierno que presume de serio y responsable", que la tramitación de rendir cuentas del balance económico anual inicie su primer trámite, el informe inicial de la comisión especial de cuentas, cuando ya tenía que tener ser sido remitido al órgano controlador", dice, y cifra en 170 días el retraso de la tramitación del documento . Una vez más añade, dado este retraso, el gobierno volverá a romper récords negativos. Será, dice, la "primera ocasión en que el Concello de Lalín presente sus cuentas generales, no ya solo fuera de plazo, sino también fuera del año natural en que tiene que hacerlo", sin obviar que "rendirá en el año 2019 cuentas del que gastó, en casos, dos años antes".

A los populares les resulta "curioso y llamativo", que mientras la liquidación de la cuenta del 2017, sí se aprobó por decreto del alcalde, el 13 de junio, con celeridad porque le permitía disponer de los remanentes a menos de un año de una convocatoria electoral"; la cuenta general, fue demorada inexplicablemente cinco meses "porque de ella no dependía directamente la máquina de propaganda de Cuíña y su gobierno".

Recuerdan que, el hecho de no aprobar la cuenta en tiempo, puede suponer, según las palabras del interventor, problemas a la hora de poder acceder a subvenciones y aportaciones de otras administraciones, con el que supondría "un importante quebranto para los intereses de los vecinos, solo motivado por la desidia del equipo de Cuíña", concluye.