La posible implantación de una planta de tratamiento de neumáticos en el polígono de Botos (Lalín) sigue generando debate político. Mientras el cuatripartito, tras un período de menor contundencia, asegura que no se dan las condiciones para dar licencia a Racso, el PP defendió que su cambio de estrategia obedece a la presión de vecinos. Ahora, los populares han retomado sus reuniones con los vecinos, mientras que el gobierno, aprovechando un nuevo trámite abierto por Aguas de Galicia, ha decidido exponer al público el proyecto completo "para facilitar la presentación de alegaciones".

Con la exposición del documento, el gobierno dice que incide en la transparencia con la que se gestionó este proceso desde su inicio, se pretende facilitar la presentación de alegaciones particulares a una iniciativa "que aún suscita serias dudas medioambientales y que cuenta con el rechazo inequívoco y frontal del propio gobierno municipal". Añade que en abril anunció que no concedería licencia mientras hubiese informes técnicos en contra. Así, el cuatripartito recuerda que la única autorización que tiene la factoría es de la Xunta, que aprobó una declaración de impacto ambiental simplificada y no una común como exige el ayuntamiento. Fue también el PP, añade, desde el Estado, el que este mismo año le concedió una subvención de cerca de 370.000 mil euros. En este escenario, a su juicio, su actuación resultó decisiva para evitar que se iniciaran las obras de la planta, pues fueron los informes municipales los que obligaron a la empresa a solicitar la autorización de vertidos a Augas de Galicia, "quede ahora había dado la callada por respuesta"

Señala que 15 de noviembre la Xunta abría un plazo de 30 días para que cualquier persona pueda presentar reclamaciones. Al objeto de facilitar al acceso a documentación, el ayuntamiento permitirá que todo el expediente se pueda consultar el departamento municipal de Medio Ambiente, evitando a los vecinos afectados, y a los que respalda el gobierno local, tengan que acudir a Santiago a revisar el proyecto, ya que esta es la única opción que ofrece Augas de Galicia. Al mismo tiempo, está ultimando la redacción de un informe propio en el que se recogerán los alegatos a ante esa posible autorización de vertidos y se reiterará que la Xunta debe elaborar una evaluación de impacto ambiental más exigente, un factor que se hace aún más necesario tras conocer en los últimos días la sentencia sobre la planta de neumáticos de León.

El gobierno municipal insiste en que "a día de hoy no se dan las condiciones requeridas para otorgar las licencias municipales, ya que la documentación e información existente no despeja por completo las dudas sobre los posibles efectos que pueda tener esta actividad industrial sobre el medio ambiente y, concretamente, sobre entorno más próximo al lugar en el que se pretende instalar la planta". Dice que el propio alcalde, Rafael Cuíña. reiteró en numerosas ocasiones que, mientras él esté al frente ayuntamiento y con los actuales informes municipales encima de la mesa, Racso no se instalará en Botos, algo que a día de hoy aún no se le escuchó decir al portavoz de la oposición. En esta línea, considera que los únicos intereses que demostró defender hasta ahora el PP son los de sus compañeros de partido en la Xunta.

Mientras, el portavoz municipal del PP, José Crespo, se reunió en la noche del lunes con unos 60 vecinos de Botos y de su entorno, donde anunció que pondrá "todo su esfuerzo" para evitar que la planta de Racso se ubique en el polígono, tras meses en los que "el gobierno de Cuíña y de [Nicolás González] Casares no moviese un solo dedo para evitar que esta instalación siga adelante". Crespo comenzó la reunión con los vecinos, que ya antes de comenzar le transmitieron la "profunda preocupación" porque el proyecto "siga quemando etapas ante" la inacción del alcalde y de Casares, exponiendo un relatorio con el cronograma de todo el proceso. Empezando por los seis meses que el gobierno local "tuvo escondido el proyecto" durante la tramitación autonómica, la ausencia de respuesta a los de los requerimientos de la Xunta para que el gobierno de Lalín se pronunciara sobre la viabilidad de la planta, la premura del alcalde por salir a hablar del proyecto justo al día siguiente de ser registrado en el ayuntamiento y vendiendo la fuerte inversión que suponía y la defensa a ultranza que hizo el teniente de alcalde en las redes sociales de este proyecto, la visita de los máximos responsables la una planta que después ilegalizó la justicia; además, de destacar el cambio de rumbo del gobierno en este proyecto a raíz de la presión vecinal.

Coincidió con los presentes en que, desde los últimos informes del técnico de Medio Ambiente de abril de este año, el gobierno no volvió a mover ficha y abandonó su responsabilidad para intentar bloquear la instalación de la planta, como demuestra el hecho de que "pese las declaraciones realizadas por el alcalde, la realidad es que el proyecto sigue su curso sin que nadie del gobierno haga nada por pararla". Los vecinos requirieron a Crespo se comprometió "a poner todo su esfuerzo en intentar bloquear" la instalación de la planta, poniendo en marcha "una serie de iniciativas y negociaciones que se irán viendo en próximas semanas" que prefirió no desvelar.

En la reunión participó un miembro de la asociación Petón do Lobo, que se comprometió a colaborar con las iniciativas que se lleven a cabo y la " estudiar toda la documentación del caso", coincidiendo con el popular y con los vecinos en el hecho de que "el silencio administrativo de diversas entidades al principio de la tramitación del proyecto fue clave para llegar la situación". El colectivo ecologista dispondrá de la documentación del proyecto.