El gobierno socialista de Silleda hizo uso de su mayoría absoluta para sacar adelante la modificación de la ordenanza fiscal que regula la bonificación del IBI a las explotaciones agrarias. Así, pese al voto en contra de los ediles populares y de la concejala del Bloque, el documento incorporará un nuevo artículo mediante el que no se deducirá el 95%, sino el 50%, a aquellas explotaciones que compartan en la Dirección General de Catastro la misma referencia catastral que la vivienda, es decir, en las que no esté separado el uso residencial del agropecuario.

No sirvió de nada que los dos partidos de la oposición ofreciesen alternativas a este nuevo artículo. E alcalde, Manuel Cuíña, no dio pie a debate y ni siquiera rebatió las propuestas de Ignacio Maril y Tania Cornado. Maril, desde las filas populares, se apoyo en un informe de Intervención en el que se recomienda que los solicitantes faciliten el importe desglosado de los valores de la vivienda y de la explotación, para que esa bonificación no exceda los límites legales (es decir, que sea más alta que el propio recibo que tiene que abonar por la granja). El PP ya halló, entre esos 40 solicitantes que se quedaron fuera de la bonificación del 95% por tener la misma referencia catastral, que la superficie agraria era muy inferior. Pidió, sin éxito, que se introdujese un añadido al artículo para que los expedientes en esta situación acrediten tanto el uso agrario prioritario de la parcela como el valor que le da catastro. Desde el BNG, Cornado no obtuvo respuesta para su idea de que se bonificase el 60% en el rural, tal y como se aprobó en el concello vecino de Lalín.

Cuíña se limitó a decir que nadie había tenido que devolver la bonificación del 95% y no dio pie a debate. Esta actitud "es vergonzosa y una falta de respecto a todos los vecinos", reprocha Maril, recordando que no es la primera vez que Cuíña zanja con su autoridad cualquier intento de réplica.

La sesión extraordinaria también sacó adelante una modificación de créditos, de 70.000 euros, para cubrir gastos en la partida de estudios técnicos y actividades culturales. Proceden de medio ambiente (15.000); gastos diversos (25.000) y vías públicas (30.000). La oposición se abstuvo.