El teniente de alcalde de Silleda, Klaus Brey, sale al paso de las declaraciones del PP en la que se acusa al gobierno al que pertenece de un "trato de favor" a la hora de tramitar una licencia para construir una granja de porcino en Cira. Tanto el ejecutivo socialista como el propio concejal señalan que esa tramitación del permiso siguió los mismos cauces habituales para este tipo de actuaciones.
Así, la petición del permiso de obra se presentó en el registro municipal el pasado 17 de abril. Una vez revisada toda la documentación y elevada a la Xunta, desde el gobierno autonómico se expuso al público, abriendo un periodo de presentación de alegaciones que ya fueron resueltas. El pasado 9 de octubre, el Concello recibió el Informe de Incidencia Ambiental que emite la Consellería de Medio Ambiente. Era justo la semana del puente festivo del Pilar y, dado que el proyecto concurría a una línea de subvenciones cuyo plazo remataba seis días después, el 15 de octubre, se optó por una resolución de la Alcaldía, tras consultarlo con el responsable jurídico municipal. Además de ese festivo, durante esa semana no pudo celebrarse una junta de gobierno, de ahí que se buscasen otras alternativas que, como la resolución de la Alcaldía, ya se habían utilizado en ocasiones anteriores. El propio Brey indica que esta línea de ayudas ya había ampliado el plazo de presentación de solicitudes un mes, puesto que en principio se cerraban el 15 de septiembre.
Crispación entre los vecinos
En cuanto a la ilegalidad que insinúa el PP sobre las distancias que debe respetar la explotación, Klaus Brey aclara que "son las mismas que se piden en otras licencias: 100 metros en relación a la casa más cercana, y 500 a núcleos. En este caso, no existe un núcleo reconocido, de modo que sí se cumple con esos 100 metros que deben mantenerse con la última casa", recalca el concejal.
Brey tiene claro que con las declaraciones que hizo el PP, el partido buscar utilizar este proceso "para intentar crispar y confundir a los vecinos, además de querer hacer daño y tratar de debilitar al gobierno del que formo parte". Añade que, en caso de que el principal partido de la oposición tenga evidencias de irregularidades durante la tramitación de esta licencia, "su deber como representantes públicos es acudir a otras instancias, como los juzgados, en lugar de intentar difamar mi persona y atacar a la credibilidad y honorabilidad del Concello de Silleda, así como de sus técnicos e incluso de la Xunta, que también intervino en el proceso".
Desde el gobierno socialista, por otra parte, no se rebaten las críticas que hicieron los populares sobre la licencia que se concedió al alcalde, Manuel Cuíña, para construir una piscina en su vivienda y que presuntamente se expidió en menos de 15 días, cuando lo habitual es que tarden varios meses, como indicaba el portavoz de los populares, Ignacio Maril.
