La Plataforma Aberta Cidadá de Lalín mostró ayer su malestar en relación con el proceso de negociación de los remanentes de 2017 entre sus tres socios de gobierno y el Partido Popular, en el que su edil, Lara Rodríguez Peña, fue vetada por el grupo de la oposición. APAC considera que fue "un acto completamente antidemocrático" por haberle negado la posibilidad de negociar a una representante de una agrupación política que forma parte del ejecutivo.
Cabe recordar que a las reuniones asistieron, por parte del gobierno local, Miguel Medela (Compromiso por Lalín), Nicolás González Casares (PSOE) y Francisco Vilariño (BNG), pues el alcalde, al que el PP también habría vetado, declinó participar porque "no tenía interés en sentarse" con José Crespo, según confesión propia. Por parte de los populares, además de su portavoz municipal, estuvieron José Antonio Rodríguez y Antonio Rodríguez.
Para la agrupación de electores, "no es lógico" que un partido que está en la oposición "prohiba" que una concejala del gobierno negocie los remanentes con el resto de fuerzas políticas y que, aún así, este acuerdo sea "visto como un éxito". A su entender, el PP "se aprovecha de las problemáticas de la situación gubernamental propiciadas por un concejal tránsfuga, quien, además, actúa como su agente y sin ningún criterio".
La negociación no fue más que "un acto masculinizado", pues ninguna mujer participó en la misma, "antidemocrático y de dilación interesada", apuntó ayer Lara Rodríguez Peña, acompañada por dos de las integrantes de la candidatura de APAC, Patricia Lamas y Celia Lamela. Sostiene que el PP "estuvo dilatando el proceso de forma irresponsable de cara a la ciudadanía, pues cuanto más se tardara en aprobar el destino de los remanentes, más posibilidades habría de que esas propuestas no puedan ser ejecutadas antes de final de año", como exige la legislación vigente. Por eso, tiene muy claro que no es más que "una estrategia electoralista", incluso "una extorsión" por parte del PP "que la gente debería conocer".
Finalmente, desde APAC no entienden que se vete a una agrupación política por "el simple hecho" de realizar una denuncia pública de actuaciones que considera "irregulares", en alusión a la demanda judicial planteada en relación con contrataciones laborales en uno de los gobiernos de José Crespo. La plataforma alega, por un lado, que la denuncia de "cualquier anomalía" forma parte de su "compromiso" con la ciudadanía. Y, en segundo lugar, recuerdan que fue el propio Crespo quien, en un pleno municipal, "invitó" a todos los integrantes del gobierno local a denunciar cualquier irregularidad en materia de personal.
