La corporación lalinense celebró ayer un pleno que, no por testimonial, tenía poca trascendencia. Con todo el pescado vendido, tras el acuerdo de la comisión negociadora formada por el cuatripartito y el PP para aprobar los casi 3 millones de euros de remanentes de tesorería en unas 40 actuaciones, la sesión tenía como único fin refrendar este pacto con un amparo legal. Y así se hizo, al salir adelante esta propuesta por unanimidad. Ahora el Concello deberá aprobar antes del 31 de diciembre los pliegos de contratación de cada una de las obras. Con toda seguridad los populares estarán ahí para recordar un hipotético incumplimiento, una vez que en caso de que alguna obra no se realizase en plazo, su cuantía económica pasará a engrosar los remanentes de la última cuenta municipal.

Tanto el cuatripartito como el PP aprovecharon el pleno para presumir de las cesiones realizadas durante las negociaciones, pensando siempre en que los proyectos tienen un único beneficiario que no es otro que el conjunto de la ciudadanía. Antes de comenzar el debate, el edil de Rural Miguel Medela presentó una enmienda para retirar mejoras en pistas Ramil-Gresande, Bustelo y Cotarelo para incluir una actuación en otra en Cristimil; iniciativa que salió adelante por unanimidad. El teniente de alcalde Nicolás González Casares abrió el turno de intervenciones del gobierno para reivindicar la voluntad del ejecutivo de llegar a un entendimiento con el PP y refutar las críticas de la oposición sobre que la existencia de los remanentes se debe a una incapacidad gestora de un equipo de gobierno que no fue capaz de ejecutar su propio presupuesto. En este sentido dijo que la deuda municipal en 2015 era de 5 millones, pasando en la actualidad a 750.000 euros. Destacó que mientras se recortó deuda se bajaron impuestos y que por la férrea normativa estatal muchos concellos se vieron obligados a generar superávit, pero no todos pueden invertirlo por su situación económica más precaria. Y valoró que en vez de grandes obras se acordasen muchas pequeñas -la de mayor cuantía apenas supera los 291.000 euros-, remarcando que "todo este dinero no es ni del gobierno ni del PP, sino de todos los vecinos", al tiempo que tildó de "duras" o "tediosas" las negociaciones.

El portavoz del PP, José Crespo, echó en cara al cuatripartito que no modificase el plan de reducción de deuda y expuso que si bien al término de su mandato se debían a los bancos 5 millones, en la caja municipal había 4. Puso el acento, en relación al pacto, en la "altura de miras y seriedad" de su partido al anteponer el interés general al propio o que su colaboración quizá no tendría un rendimiento electoral. "Intentaron vender gestión, pero estos remanentes son consecuencia de no ejecutar sus propios presupuestos". Tildó de "salvavidas al gobierno" el acuerdo y remarcó que el PP puso como condición para sentarse, que en la mesa no estuviesen "políticos tóxicos" como Rafael Cuíña y Lara Rodríguez Peña, "que nos metieron en el juzgado para hacernos daño en lo político y en lo personal" e insistió que tanto el alcalde como la edil de Cultura no se autoexcluyeron, sino que fueron vetados por su partido. "Lalín puede ir mucho mejor si hay un gobierno responsable", dijo.

El edil no adscrito, Juan José Cruz, también criticó la incapacidad gestora del gobierno local y valoró la actitud de Crespo, a quien recordó que su antiguo proyecto de gobierno de concentración se había hecho realidad ahora, y celebró que los populares incluyesen también proyectos suyos. Vaticinó una mayoría absoluta del PP en 2019 y por eso destacó la conveniencia de la cultura pactista, ofreciéndose de nuevo al ejecutivo para llegar a acuerdos, llegando a decir que tras estos tiempos convulsos enterraba su "hacha de guerra" y acto seguido bromeó con el edil de Comercio, José Manuel Fernández, sobre su polémica por la contratación de un seguro municipal con una compañía a la que representa.

El portavoz del BNG, Francisco Vilariño, propugnó que acuerdos como el de ayer sirviesen para rebajar la tensión política por el interés de los vecinos, reiteró que en el acuerdo es de los cuatro grupos del ejecutivo y de la oposición, o que la mayoría absoluta se pierde debido a una "anomalía democrática". "Que todos teníamos un plan B es evidente y que todos decidimos el plan A, también". La edil de APAC, Lara Rodríguez Peña, único partido sin representación en las negociaciones, declaró que con el veto del PP no se deja fuera a ella sino a los ciudadanos a los que agrupación representa. "Pero como pienso en los vecinos y fui en todo momento consciente de los acuerdos, también voto a favor", proclamó.