El gobierno lalinense califica de "nauseabundas" las "insidias vertidas por el PP" sobre un supuesto trato de favor en la contratación de una póliza de seguros municipal, suscrita con una empresa para la que trabaja el edil de Comercio, José Manuel Fernández. El acuerdo, aclararon los populares, se había cerrado cuando el concejal no formaba parte de la corporación, pero sí votó a favor del pago de la factura en junta de gobierno, un año después, ya como representante del ejecutivo.

El cuatripartito insiste en que las "gravísimas acusaciones públicas del PP no solo carecen del más mínimo rigor y fundamento, sino que también demuestran un evidente ánimo de injuriar a un miembro de la corporación y de menoscabar, con simples insinuaciones, la absoluta pulcritud del gobierno municipal". En primer lugar, el ejecutivo indica que, como reconoce el PP, el contrato firmado con una aseguradora se realizó mediante procedimiento público y abierto al que solo concurrió una empresa. Partiendo de este principio, añade, no habría lugar a ningún trato de favor o irregularidad, porque no habría otras firmas que pudiesen haber visto vulnerados sus derechos.

Además, indica que cuando se firmó el contrato el agente mediador de la póliza no era concejal, "ni se podía prever en aquel momento que llegase a hacerlo". Por eso, alega que limitar la posibilidad de este agente de seguros a contratar con cualquier administración pública "incluido el Concello" de manera legal y transparente solo por el hecho de haber formado parte de una lista electoral "supondría una inadmisible discriminación por motivos ideológicos propia de otros tiempos de los que el PP parece cada vez más nostálgico". En este sentido, dice que sería como impedir que un miembro del Partido Popular, solo por el hecho de formar parte de una agrupación política, se pudiese presentar a un puesto en la Diputación provincial para la Finca Mouriscade o el Vivero de Empresas. O como si el gobierno se negase a contratar con empresas u otros agentes de seguros por su vinculación con el PP u otra formación política. En esta línea, recuerda que el Concello mantuvo contratadas varias pólizas -alguna de ellas vigente- con "destacados simpatizantes del PP, un hecho detrás del que puede estar la verdadera razón de las injustificadas críticas". También, prosigue, el gobierno contrata de manera habitual con empresas dirigidas por familiares de miembros del PP, "cuestión que en otras épocas sería impensable".

La factura, subraya, por valor de 11.838 euros, se aprueba en la junta de gobierno de 18 de diciembre del año pasado, cuando el concejal aludido ya forma parte de la corporación y dicha factura ya era un deber reconocido y fiscalizado de manera previa a su ingreso en el Gobierno y a la que por lo tanto la administración estaba obligada a hacer frente.

Por otra parte, el voto del concejal, apostilla el ejecutivo, en ningún caso fue decisivo para su aprobación, ya que este órgano está compuesto por siete ediles y todos votaron a favor de aprobar esta factura, con el cual la posible abstención de un concejal nada habría variado. Señala además, que el pago de esa factura no se aprueba de manera individual, sino que se incluye en este caso en una relación de más de 85 que van a la junta de gobierno como un único punto de la orden del día. "En ningún momento el concejal fue advertido por parte de ninguno de los técnicos municipales encargados de fiscalizar esta relación que se incluía una que podía tener vinculación con su actividad profesional. En este caso, sin lugar a dudas, se habría abstenido en el debate y votación de esta relación de facturas por múltiples conceptos y un valor total de casi 107.000 mil euros", dice.

Por tanto, para el cuatriparito, con estos argumentos, queda demostrada la escasa solidez sobre presunto trato de favor. "Más bien dejan en evidencia una forma de practicar la oposición poco rigurosa y menos decorosa, en la que el ataque injustificado al contrincante está por encima de la responsabilidad política. En este sentido, el gobierno lamenta "el desesperado intento del PP de confundir a la opinión pública con falsas y graves acusaciones que no sólo denotan su talante rencoroso," sino la falta de escrúpulos de quien está dispuesto a poner en entredicho la honorabilidad de profesionales y la solvencia de empresas con tal de intentar sacar uno indigno rédito político o el daño que puede hacer a las empresas con sus manifestaciones.