El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) terminó de cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena a pagar a los 17 comuneros de Sanguiñedo, en Dozón, 191.740 euros por expropiar 42 hectáreas que nunca llegó a utilizar para construir el trazado del Tren de Alta Velocidad (TAV). La entidad estatal pagó ya los 32.163 euros de intereses que aún estaban pendientes, al margen de los 191.000 ya abonados.

Los comuneros celebraron el domingo una asamblea para dar cuenta de este ingreso, que cierra así cinco años de pleitos. ADIF ya tuvo que acatar en 2013 otra sentencia que le obligaba a pagar a los comuneros 530.000 euros por la ocupación de 11 hectáreas. Estas 42 que llegó a expropiar pero que nunca utilizó estuvieron cerradas desde 2009, pero en la actualidad se encuentran ya desbrozadas y limpias.

La entidad que preside Juan Varela abordó también en asamblea la ocupación, por parte de un miembro, de 2,35 hectáreas para arrendarlas a vecinos de Sestos. Varela explica que este comunero tenía la intención de sembrar trigo en una parcela "que ni le pertenece y para la que no tiene autorización". De los 15 asistentes a la asamblea, uno se abstuvo y los 14 restantes apoyaron la necesidad de tomar medidas. En caso de que vuelva a haber incursiones en esta zona por parte del comunero, la entidad no descarta contactar con la Guardia Civil. La asamblea culminó con una comida de confraternización en A Gouxa.

Los mancomunidad de montes de Sanguiñedo maneja una superficie de 270 hectáreas. Tiene un proyecto a corto plazo de una plantación de unas 20 en una zona junto al río. La mayor parte de las especies serán frondosas, aunque también habrá una zona para pinos. La zona que gestionan los comuneros no sufre incendios desde hace varios años, dado la continua limpieza de las plantaciones.