Silleda prepara una modificación de la ordenanza que regula el IBI para dar cabida a los expedientes que no pudieron acogerse a la bonificación del 95% del recibo del "catastrazo", como se conoce coloquialmente a la revisión catastral que grava construcciones vinculadas a explotaciones ganaderas del tipo de galpones, naves o estanques de agua.
La ordenanza de Silleda data de 2003 y ya se modificó en diciembre de 2016 para dar cabida, precisamente, a esta deducción, una de las primeras en activarse a nivel gallego. En la convocatoria de 2017 se tramitaron 280 solicitudes para esta bonificación, y en el presente año fueron 137. De todas ellas, 40 quedaron fuera de la deducción "porque las parcelas de las granjas tienen la misma referencia catastral que la vivienda", explica el regidor, Manuel Cuíña. Su gobierno contactó con Catastro para ver qué soluciones podían manejarse, "porque no se pueden bonificar viviendas, ya que esta deducción solo se aplica a industrias que hayan sido declaradas como sector estratégico", caso de las explotaciones ganaderas. De cara a la próxima convocatoria de la ayuda, los solicitantes pueden optar por segregar la finca en la que se encuentran la explotación ganadera y la vivienda, creando así dos parcelas nuevas y, por tanto, con referencias catastrales distintas. "Pero existen casos en que es imposible la segregación, al ser la finca corrida", apunta el regidor. Por eso, la modificación que se va a llevar a pleno para que pueda entrar en vigor en enero baraja un porcentaje de deducción que aún está por fijar. "Podría ser el 50% del recibo", de modo que, si el solicitante acaba recuperando la mitad del IBI, en realidad es como si se le devolviese toda la tasa que le corresponde al establo.
La situación generó desconcierto entre los candidatos que quedaron fuera de la bonificación del 95%. El año pasado pagaron el 5% del recibo, y semanas atrás recibieron la carta del ORAL en la que se les indica que deben abonar el 95% que falta. Cuíña explica que "nosotros tramitamos todas las solicitudes, pero al llegar el recibo de Catastro al ORAL viene denegado". Desde la Diputación se aclara que esos 40 expedientes están fuera de la lista de bonificaciones "porque la vivienda está dentro de la explotación", y los solicitantes están ya al tanto de por qué no pueden obtener esta deducción.
Al ser pionero, Silleda se topa con estos obstáculos que, por ejemplo, ya no afectan a la ordenanza de Lalín, que se aprobó casi un año después. Hay que aclarar que Lalín, por ejemplo, pudo establecer una bonificación del 60% para bienes en suelo de núcleo rural, de la que no puede echar mano Silleda al estar aún en vigor el plan de ajuste. E 2012 Trasdeza tuvo que acudir a este sistema para afrontar el pago a acreedores, heredado de anteriores mandatos del PP. El plan dura 10 años, así que deberá estar rematado en 2022. "Pero "igual nos planteamos, el año que viene, liquidar el crédito con el que el Estado avaló el plan, de modo que así desaparecerán limitaciones" como el no poder aplicar deducciones en el rural. Rodeiro y Agolada son otros de los municipios que activaron ordenanzas para paliar el pago de un recibo que en algún caso puede rondar los 100 euros.
