El Concello de Lalín ha ordenado a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) la ejecución de los trabajos necesarios para dotar el edificio inacabado que posee en el número 26 de la calle Joaquín Loriga de las condiciones de seguridad y ornato de las que carece. La orden deberá ser cumplida en el plazo máximo de un mes; en caso contrario, la entidad se enfrenta a una multa coercitiva de entre 1.000 y 10.000 euros, reiterable de forma trimestral.

El inspector municipal de obras y servicios informó al departamento de Urbanismo del incumplimiento del deber del propietario de rematar la edificación para la cual obtuvo en su día la preceptiva licencia, que hace esquina con las calles Molinera y Rosalía de Castro. La fachada del inmueble -destinado a viviendas, locales comerciales y garajes- está sin terminar, y dispone de un cierre con valla de obra, "ofreciendo una mala imagen en una de las zonas más céntricas del pueblo, posibilitando que okupas puedan entrar en las viviendas e incumpliendo las obligaciones de ornato", reza el informe urbanístico. La concejalía decretó la apertura de expediente y concedió trámite de audiencia durante el cual no consta alegación alguna, según la junta de gobierno.

El edificio fue promovido por la extinta constructora Proinsa hace más de una década contemplaba la recuperación de la fachada de una casa antigua con acceso desde Loriga cuyas piedras fueron retiradas y numeradas para reponer cuando comenzó la construcción del actual inmueble. La Sareb admitía en 2015 a esta Redacción que desconocía el paradero de los restos de la fachada antigua, que debía ser repuesta para poder comercializar los pisos.

Otro procedimiento urbanístico abierto, a raíz de una denuncia particular, tiene como protagonista a la Iglesia. La concejalía ha declarado en situación de ruína una edificación de su propiedad en la parroquia de Vilanova, al no mantenerse en condiciones de seguridad. Concede al Obispado de Lugo tres meses para presentar el correspondiente proyecto técnico de demolición. De lo contrario, se procederá a la ejecución forzosa y la imposición de sanciones de 1.000 a 10.000 euros, retirables trimestralmente.