Representantes de los trabajadores de las cuatro empresas operativas en los terrenos de la antigua mina de Touro replican los argumentos de las plataformas que se oponen a la reapertura de la explotación de cobre. En una carta, señalan que entre Explotaciones Gallegas (EXGA); Tratamientos Ecológicos del Noroeste (TEN); Tecnología y Reciclaje de Materiales (Tyrma) y el Centro de Valorización Ambiental do Norte (CVAN) dan trabajo a 250 personas, a las que hay que sumar los empleados de Cobre San Rafael, "que llevan tiempo desarrollando tareas de estudio en la zona", así como los puestos indirectos que generan estas actividades en el entorno.

Según la plantilla, la propuesta de caducidad de la concesión minera que se formuló en el Parlamento así como en la manifestación del pasado 10 de junio (a la que acudieron en torno a 50.000 personas), "obvia que nuestro empleo depende directamente de esta concesión". De este modo, si se retira la autorización, se produciría "el cese de las actividades y el cierre de las instalaciones actuales en las que nos dedicamos a la extracción de áridos, a la fabricación de materiales para la obra civil y a la valorización de residuos, actividades necesarias para la sociedad actual". Las consecuencias serían dramáticas, pues "250 personas nos quedaríamos in medio de vida".

Por este motivo, los representantes de estos trabajadores se reúnen esta semana con miembros de los grupos parlamentarios del PP, En Marea y PSdeG, y están a la espera de fijar un encuentro con el Bloque. En estas reuniones les reclaman a los políticos que atiendan sus demandas, de modo "que no se ponga en riesgo el empleo de 250 personas con peticiones que no tienen fundamento. Llevamos 30 años trabajando sin ningún tipo de conflicto y ahora vemos amenazado nuestro único medio de vida". Reclaman, además, que las plataformas y los políticos sean conscientes de las necesidades laborales de la zona, "que está en retroceso y con pérdida de población". Mencionan, además, que la reapertura de la mina de cobre crearía en torno a 400 empleos directos. Por último, las plantillas de estas empresas solicitan "que no se criminalice nuestra actividad y se quiera desmantelar sin tan siquiera conocer el trabajo que desarrollamos, cuando aún está en trámite el proceso de autorización ambiental, en el que se están analizando todas las cuestiones con rigor técnico".