El alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, salió al paso ayer de las críticas del representante de Comisiones Obreras (CC OO) José Luis García Pedrosa, quien le echó en cara que tiempo atrás cifrase en cerca de un millón de euros el coste de la regularización del personal municipal. En una entrevista en la emisora municipal, el mandatario explicó que los 100.000 euros que apuntó días atrás el gobierno municipal es la cuantía necesaria solamente para hacer frente al pago de los trienios de los trabajadores. Señaló que cuando habló en pleno de que el Concello precisaría más de 800.000 euros fue asumiendo la valoración realizada entonces por la interventora municipal para incluir en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a todo el plantel afectado. La cuantía se desglosaría en unos 260.000 euros de los trabajadores del patronato y el resto de los del Concello.

Lamentó que Comisiones actuase durante años como "cómplice" o "colaborador necesario" del anterior gobierno local y que Inspección de Trabajo, tras una denuncia de esta central, concluyese que había 38 empleados municipales contratados en fraude de ley. Y dijo que no iba a tolerar las "mentiras" de un sindicato cuyo representante no acude a las reuniones de las mesas de negociación, invitando a Pedrosa a sumarse a estos encuentros en los que están los otros dos sindicatos.

Críticas del PP

Por otro lado, el portavoz del PP, José Crespo, también interpretó las valoraciones de Comisiones de anteayer, en las que apremia al Concello a asumir un acuerdo con el Gobierno central para poner solución al personal laboral. En una radio local dijo que el cuatriparito está en cierto modo desautorizado para hablar de la política laboral cuando en tres años no hizo nada pese a sus promesas y ni siquiera atendió al requerimiento de Trabajo, de hace dos años, de regularización de los 38 trabajadores. Tildó de mentiroso a Cuíña por haber dicho en su momento que este proceso costaría a las arcas municipales casi un millón y ahora apuntar a unos 100.000 euros. Echó en falta la RPT, pese a que el trabajo fue pagado, o el cambio de postura del alcalde, que ahora propone a los afectados que recurran a la vía judicial para reconocer sus derechos, cuando antes había dicho justo lo contrario.