La plantilla de Consorcio de Bombeiros de Deza e Tabeirós-Terra de Montes remitió ayer a la junta de la entidad una copia de la propuesta de convenio colectivo, para el que ahora se abrirá un periodo de negociaciones. De salir adelante, el servicio con sede en Silleda dejará de ser el único que carece de convenio colectivo a nivel estatal.

La propuesta de la plantilla, en el capítulo de asistencia y permanencia en el trabajo, solicita que los grupos de trabajo cuenten con un mínimo de cuatro bomberos, "que se completarán, cuando sea necesario, mediante refuerzos". Hoy en día, y tras recuperar el sistema de turnos que hubo hasta el año pasado, de las cinco tandas sólo una con cuatro efectivos, y las otras disponen de tres. Esta petición se basa en la recomendación de que los bomberos deben trabajar siempre en binomios para garantizar su propia seguridad.

Otra de las mejoras que defienden tiene que ver con su compensación económica. Cada bombero trabajará a la semana, como mucho, 37,5 horas. La jornada de trabajo se presta en guardias de 24,5 horas, desde las 8.30 hasta las 9.00 horas del día siguiente, y se usan los 15 minutos del principio y del final para informar de incidencias. A día de hoy, cada bombero cobra la hora ordinaria de trabajo a 14 euros, mientras que los refuerzos (que se hacen de forma voluntaria) se pagan a menos, a 11,16 euros por hora, sea tanto una jornada normal como un festivo. Pues bien, el convenio que proponen los bomberos indica que los refuerzos, que durarán también 24,5 horas, se abonarán a 16 euros por hora, o sea, cinco euros más de la tarifa actual, pero suben a los 20,50 euros por hora si se trata de un domingo o jornada festiva.

Hay una cuestión que desde hace tiempo, al margen del convenio colectivo, también tensa las relaciones entre el consorcio y la plantilla. Es la funcionarización de sus trabajadores, un proceso que además le ahorraría dinero a la entidad al no tener que cotizar por la prestación por desempleo, y que permite a los bomberos actuar como agentes de la autoridad a la hora de, por ejemplo, desalojar una vivienda. La funcionarización es una de las últimas cláusulas de la propuesta de convenio, y se indica que aquélla respetará las bases que marque la Mesa Xeral de Negociación. Además, el Consorcio debe facilitar toda la formación adecuada para el personal que decida someterse a este proceso.

El convenio que eleva la plantilla estaría en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, y puede prorrogarse año tras año. La comisión negociadora contará, además, con una comisión paritaria que conforman un representante de los trabajadores y otro del consorcio. Esta comisión debe reunirse de forma ordinaria una vez al año, y extraordiariamente cuando lo pida uno de los componentes. Su meta es impedir conductas abusivas, actualizar el contenido del convenio en base a la normativa o asegurar la no discriminación de la mujer, por poner algunos ejemplos.

Será necesario someter a negociación colectiva aspectos como las condiciones laborales, el incremento de las retribuciones, la promoción interna o el calendario laboral. En este sentido, se marca que n las vacaciones serán de un mes natural ó 22 días hábiles por año completo de servicio. La plantilla tienen derecho a hasta cuatro días adicionales, según su antigüedad, y el plan de vacaciones debe estar listo antes del 1 de marzo.

Además, el documento marca los períodos de permiso por muerte, accidente u operación de familiares, así como por traslado de domicilio, parto o adopción de hijos. Las excedencias pueden ser de carácter forzoso (por la designación de un cargo público que resulta incompatible con el trabajo) o voluntarias. Éstas durarán de 4 meses a 5 años.