Una forma de tratar de probar que la institución católica no ostentó la propiedad de la iglesia es, para la asociación, que desde 1905 el obispado dejó de tener las llaves de acceso al templo y tampoco se encargó de su mantenimiento, gastos, reparaciones, solicitar su electrificación o el pago de la contribución. Ponen el acento, además, de que en 1905 el inmueble estaba muy deteriorado y ya casi no acogía oficios por su "lamentable estado". Por eso desde ese año fueron los vecinos los que asumieron las obras de conservación en el templo, pidieron ayudas como promotores las actuaciones llevadas a cabo en cada caso o figuraron como beneficiarios de subvenciones. Indican que la gestión del templo era comunitaria hasta el punto de que eran los vecinos los que gestionaban las donaciones u ofrendas de los fieles, que eran ingresadas en una cuenta. Del dinero obtenido, desde 1905, nunca se rindieron cuentas al obispado.

Además de enfatizar en que eran los residentes los que gestionaban el inmueble, indican que el culto se mantuvo por interés suyo y, de hecho, la institución católica habría intentado "en varias ocasiones" dejarla sin culto, pero los vecinos se opusieron y consiguieron que los oficios se preservasen hasta la actualidad. Otra prueba es que cada vez que requerían la presencia de un sacerdote para presidir una celebración, los vecinos le pagaban por ello.